El dictamen se avaló por 426 votos y se remitió al Senado
En sesión presencial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 426 votos reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de incluir el anexo transversal anticorrupción.
El dictamen modifica los artículos 2, fracción III Bis; 23, párrafo sexto; 41 fracción II, inciso c); 107, fracción I, inciso b), sub inciso iv), y penúltimo párrafo, de dicho ordenamiento jurídico se remitió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Juan Carlos Romero Hicks (PAN) afirmó que el Anexo transversal anticorrupción es un pendiente que se tiene desde el Poder Ejecutivo. «Se ha venido intentando por aproximaciones como parte complementaria del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero ahora lo que queremos es que sea parte integral de la ley correspondiente».
Apuntó que este Anexo es para conocer que los informes tengan la información suficiente para saber quién gasta, para qué y dónde se gasta, y este ejercicio transversal, para todo el aparato público, indica que no habrá excepción alguna en distinción en programas, ramos y autoridades.
«Tengámoslo suficientemente claro, todas las unidades responsables y los programas de inversión pública tienen que integrarse a este Anexo Anticorrupión. Seguimos avanzando con instrumentos que puedan dar eficacia», subrayó.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo (Morena) destacó que para elaborar el dictamen se tomó en cuenta dos iniciativas, una presentada por los integrantes de la comisión del Transparencia y Anticorrupción, y la otra por los miembros de la junta directiva de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública «es decir, este es el resultado del impulso de ambas comisiones y del apoyo mostrado de todos los grupos parlamentarios».
Mencionó que para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 ya se incluyó este Anexo Transversal, pero se carecía de un mandato legal expreso y con esta propuesta se brinda una mayor certeza jurídica al hacerlo obligatorio para los ejercicios fiscales subsecuentes, además de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento se garantiza que la asignación de recursos para la prevención y combate a la corrupción sea más transparente.
Subrayó que se contribuirá a conocer la efectividad de las acciones implementadas por el Estado mexicano contra la corrupción lo que permitirá diseñar e implementar políticas públicas más eficientes en la materia, y al estar contemplado en el presupuesto se asegura la continuidad y sostenibilidad de esta medida en el tiempo.
En su oportunidad, el diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) reconoció que la corrupción aún persiste, por lo que es fundamental continuar con acciones que acaben con este mal que lastiman seriamente la vida pública y privada del país, por ello, agregó, el PRI dará su voto a favor porque «tenemos que unir esfuerzos para poner fin a este mal de una vez por todas y crear sistemas más sólidos para la transparencia, rendición de cuentas y para el combate serio, contundente y formal a la corrupción».
De MC, el diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro anunció que votarían a favor del dictamen porque busca establecer la obligación de invertirle dinero al combate a la corrupción, si ya están en la Constitución los Sistemas de Transparencia y Anticorrupción y de Fiscalización, hay que dar la importancia presupuestal a estas materias. «La transparencia y el combate a la corrupción deben ser amuletos sagrados de la democracia#.
Discusión en lo general
Al hablar en favor del dictamen, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) afirmó que el camino para diseñar un sistema anticorrupción ha estado avanzando. Mencionó que el objetivo del Anexo Transversal Anticorrupción es poner al alcance de la ciudadanía la información sobre quiénes son las autoridades responsables, así como los montos asignados a la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción; así como la fiscalización y control de los recursos públicos.
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