La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó un dictamen de la iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para especificar conductas implicadas en el uso indebido de información a la que tienen acceso servidores públicos.
Promovida por los diputados Juan Romero Tenorio (Morena) y Carlos Gutiérrez García (NA), modifica los artículos 55, 56, 69 y 73, para incluir a candidatos que hayan obtenido constancia de mayoría y sus equipos de transición, dentro del conjunto de particulares en situación especial, que incurren en actos vinculados a faltas administrativas graves.
Incurre en utilización indebida de información, el servidor público que sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a los establecidos en la ley
Entran en este rango los servidores públicos que se hayan retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de cinco años. También, el particular que por sí o por interpósita persona haga uso o aproveche la información proporcionada por el servidor público.
En otros temas, la Comisión también avaló dos proposiciones con Punto de Acuerdo. Uno exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a informar qué medidas se han adoptado para garantizar el debido funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (herramienta tecnológica para que ciudadanos accedan a la información) y si existen acciones de contingencia respecto a fallas estructurales de la misma.
El otro llama al Consejo de la Judicatura Federal a actualizar permanentemente la información pública derivada de obligaciones de transparencia proactiva, especialmente aquellas en materia de ejercicio de recursos públicos.