Ciudad de México, 11 ago (EFE).- Para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Ayotzinapa, 116 números telefónicos fueron clave para ubicar a sicarios implicados en el caso calificado como «un crimen de Estado», informó este viernes la Secretaría de Gobernación (Segob) de México.
En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano explicó que se clasificó y dio seguimiento a al menos 87 millones de registros telefónicos activos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Esto permitió a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el «Caso Ayotzinapa», identificar 84.000 registros claves, que a su vez permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios que participaron en la desaparición de los estudiantes mexicanos hace casi nueve años.
«En este intercambio de información se observa con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes», detalló la Segob.
La Secretaría de Gobernación también reconoció la comunicación y participación de las policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, en el estado de Guerrero, oeste de México, con el grupo denominado «Los Bélicos», que formaban parte de la policía local de Iguala, en la misma entidad.
La Segob dio a conocer que con este seguimiento de los registros telefónicos se concluyó que los estudiantes desaparecidos fueron separados en seis grupos al salir de una terminal de autobuses en Iguala, estado de Guerrero.
El Gobierno mexicano insistió que con estos hechos se «desmorona» la llamada «verdad histórica», en la que el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy preso por este caso, afirmó que los 43 estudiantes fueron entregados al grupo criminal «Guerreros Unidos» y quemados en un basurero de la localidad de Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos fue «un crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.
En su último informe, el GIEI señaló falta de cooperación por parte del Ejército mexicano para entregar información sobre su participación en el caso, lo que lamentó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH).
«El Gobierno de México refrenda que el compromiso es analizar todos los elementos que desde la comisión se han trabajado para esclarecer con pruebas y registros lo sucedido la noche de la desaparición de los normalistas», concluyó.