Por John Revill
ZÚRICH, 17 jul (Reuters) – Una investigación parlamentaria sobre la crisis de Credit Suisse mantendrá sus archivos cerrados durante 50 años, según un documento de la comisión parlamentaria, un nivel de secretismo que ha desatado la preocupación entre los historiadores suizos.
El documento significa que la comisión investigadora entregará sus expedientes a los Archivos Federales suizos tras un periodo más largo que los 30 años habituales, para garantizar que se apliquen altos niveles de confidencialidad a la investigación, que ha generado un enorme interés público.
La investigación se centrará en las actividades del Estado suizo, el regulador financiero y el banco central en el periodo previo a la adquisición de emergencia de Credit Suisse por parte de UBS en marzo.
La investigación es la quinta de este tipo en la historia moderna del país y la comisión de legisladores que la dirige tiene amplios poderes para convocar al gabinete suizo, al Ministerio de Finanzas y a otros organismos estatales.
«Una vez concluida la investigación, los expedientes serán entregados a los Archivos Federales y estarán sujetos a un periodo de protección ampliado de 50 años», afirma la comisión en un documento estratégico en el que esboza su política de comunicación.
El Parlamento suizo declinó hacer comentarios el sábado, después de que el periódico Aargauer Zeitung informara por primera vez del requisito de los 50 años.
La Sociedad Suiza de Historia expresó su preocupación por la duración del plazo y su presidente, Sacha Zala, escribió a la directora de la comisión, Isabelle Chassot, legisladora de la Cámara Alta del Parlamento suizo.
También subrayó que es importante que Credit Suisse abra sus propios archivos a los historiadores.
«Si los investigadores quisieran investigar científicamente la crisis bancaria de 2023, el acceso a los archivos de CS sería inestimable», escribió Zala, según el periódico.
«Idealmente, debería ser posible asegurar y hacer accesible el archivo una vez transcurrido un periodo de protección adecuado y, si fuera necesario, sujeto a condiciones de investigación histórica», añadió.
La comisión celebró el jueves en Berna su primera reunión ordinaria, en la que insistió en la confidencialidad de sus trabajos, que podrían incluir entrevistas con banqueros.
Los posibles castigos por violar esa confidencialidad iban desde la prohibición de intervenir en la comisión hasta penas de entre seis meses y tres años de cárcel y multas.
«Todas las personas que participen en las reuniones y en los interrogatorios están sujetas al deber de secreto, no sólo los miembros de la comisión, sino también los propios entrevistados», decía.
«Las indiscreciones complican el trabajo o dañan la credibilidad de la comisión y pueden tener consecuencias negativas para el centro financiero suizo», añadió la comisión.