TEGUCIGALPA, 3 feb (Reuters) – La división en el Congreso hondureño entre partidarios de la presidenta Xiomara Castro y opositores amenazaba con complicar la agenda gubernamental contra la corrupción, al dejar en vilo la aprobación de un decreto que crea un organismo para combatir el fenómeno, dijeron el jueves legisladores y juristas.
Una facción de diputados leales a la mandataria aprobó la noche del miércoles la creación de un organismo internacional de lucha contra la corrupción con respaldo de la ONU, cuando aún no se resuelve la disputa con legisladores disidentes y de oposición por el control del Congreso.
«Hemos cumplido con la aprobación del decreto de creación de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICCIH), ofrecido por la presidenta como arma importante para investigar y combatir la corrupción», dijo el congresista Rasel Tomé, partidario de Castro.
El liderazgo del Congreso es disputado por dos facciones del partido de la presidenta que formaron cámaras paralelas: una de ellas integrada por legisladores que Castro calificó de «traidores» -que se aliaron a diputados del conservador Partido Nacional del exmandatario Juan Orlando Hernández- y otra leal a la gobernante de izquierda.
La disputa se desató antes de que Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, asumiera el poder el 27 de enero y persiste pese a llamados al diálogo desde Washington, la Unión Europea y los empresarios.
El diputado del opositor Partido Nacional, Tomás Zambrano, que apoya a los legisladores disidentes, dijo que «esa aprobación no es válida, no la están haciendo con la mayoría necesaria de diputados». El profesor universitario de derecho constitucional Juan Barrientos coincidió con la afirmación.
Directivos del Congreso partidario de Castro dicen contar con más de 65 diputados, la mitad más uno necesaria para aprobar leyes en el órgano legislativo. El constitucionalista Oliver Erazo aseguró a Reuters que Castro puede «forzar la legalidad» publicando el decreto en el diario oficial bajo su control.
«Mientras no se resuelva esa disputa por el control del Congreso está en riesgo -y hasta se puede obstruir- esas iniciativas contra la corrupción», agregó Erazo.
El gobierno de Joe Biden se ha comprometido a brindar ayuda a los países centroamericanos para que puedan atacar las causas que generan la migración hacia el norte. Sin embargo, ha condicionado el desembolso de millones de dólares a la lucha contra la corrupción.