AFP. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación el domingo por los enfrentamientos en la ciudad colombiana de Cali, que dejaron más de una decena de muertos, y pidió diálogo y una investigación independiente.
«Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley», dijo Bachelet en un comunicado.
Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías que exasperan a una parte de la población.
Arrinconado por las protestas, el presidente colombiano, Iván Duque, desplegó el ejército en la ciudad bajo la figura de asistencia militar que permite a los soldados apoyar a la policía en las tareas de vigilancia.
Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre –que estaba fuera de servicio– y lo linchó.
La Alta Comisionada indicó que su oficina recibió informaciones sobre individuos armados, incluido el oficial fuera de servicio, que habrían disparado en dirección a los manifestantes, periodistas y transeúntes, así como sobre la muerte de dicho funcionario.
«Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas», indicó la expresidenta chilena.
Bachelet llamó así al diálogo para resolver las demandas de los manifestantes y de los que se oponen a las protestas y celebró «el compromiso expresado por varios actores, en Cali y a nivel nacional, de encontrar una solución negociada y pacífica».
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia indicó haber recibido información de al menos 30 personas detenidas el 28 de mayo. Bachelet urgió así a garantizar «un juicio justo» y a prevenir las desapariciones.
Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.