La reciente afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que sostiene que «la decisión de una jueza no puede estar encima del pueblo», plantea un desafío crítico en el ámbito de la justicia en México. Este enunciado, aunque puede resonar en un contexto democrático, conlleva riesgos significativos que amenazan la integridad del sistema judicial y la aplicación del derecho.
En primer lugar, es importante destacar que el principio de legalidad es fundamental para la administración de justicia. Cuando se afirma que la voluntad popular debe prevalecer sobre las decisiones judiciales, se corre el peligro de menoscabar el criterio institucional que sustenta la función de los jueces. El poder judicial no solo se rige por la voluntad del pueblo, sino también por un marco normativo que ha sido construido a través de un proceso de estudio y análisis profundo de los principios legales. La interpretación judicial se basa en la aplicación de la ley de manera objetiva, lo que garantiza la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos fundamentales.
Por otro lado, es innegable que el pueblo, como eje central de la democracia, no necesariamente cuenta con el conocimiento suficiente de los principios legales y de los marcos jurídicos que rigen nuestra sociedad. Esta realidad subraya la necesidad de un sistema judicial independiente y profesional, capaz de interpretar y aplicar la ley sin influencias externas. La labor de un juez implica no solo un entendimiento profundo del derecho, sino también la capacidad de evaluar y ponderar las pruebas presentadas en un caso. Si las decisiones judiciales quedan subordinadas a la opinión pública o a la presión popular, se corre el riesgo de socavar la imparcialidad que debe caracterizar a la justicia.
Además, se debe considerar que la democracia no puede ser entendida como un mero mecanismo de elección popular. Si bien la participación ciudadana es esencial, hay cuestiones que deben ser manejadas por instituciones que poseen la experticia y el conocimiento adecuados para garantizar el estado de derecho. De lo contrario, se podría dar lugar a un populismo judicial, donde las decisiones se tomen con base en la opinión pública momentánea, ignorando los principios jurídicos que han sido desarrollados y defendidos a lo largo del tiempo.
Asimismo, el riesgo de manipulación y presiones externas es una preocupación legítima. Las decisiones judiciales, que deberían ser el resultado de un análisis riguroso y objetivo, podrían verse afectadas por factores ajenos al derecho, como intereses políticos o económicos. Este fenómeno no solo comprometería la calidad de la justicia, sino que también podría desencadenar un ciclo de desconfianza hacia el sistema judicial, generando una crisis de legitimidad que afectaría a la sociedad en su conjunto.
En conclusión, la reforma judicial en México debe ser abordada con un enfoque que priorice la independencia y la profesionalización del poder judicial. Las afirmaciones que buscan anteponer la voluntad popular a las decisiones de los jueces, aunque bien intencionadas, pueden poner en riesgo los principios que sustentan nuestro sistema legal. Es imperativo fortalecer el respeto por la legalidad y promover un entendimiento de la democracia que no se limite a la elección popular, sino que también respete la necesidad de un sistema judicial sólido y autónomo que garantice la justicia para todos.