Notipress.- La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo denunciaron reiterados incumplimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en la ejecución de la sentencia T-361 de 2017. Esta orden judicial exige una delimitación participativa del páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, ecosistema clave para la conservación hídrica y la protección de derechos fundamentales en Santander y Norte de Santander.
Destacaron que el MADS omitió, por tercera vez consecutiva, presentar el informe cuatrimestral de evaluación, lo que dificulta el seguimiento judicial y vulnera el derecho ciudadano a la información. A más de siete años de la sentencia, aún no se expide el acto administrativo de delimitación, lo que ha generado un aumento de la minería ilegal, condiciones laborales informales y debilitamiento del tejido comunitario.
Además, la Produraduría informó que se evidenciaron fallas graves en la participación ciudadana: de las siete mesas de trabajo previstas solo se concretó una, en el municipio de Bochalema. Como resultado, quedaron excluidas comunidades de 13 municipios. Asimismo, las estrategias de divulgación resultaron insuficientes, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú.
Genera preocupación la reciente resolución 221 de 2025 del MADS, tramitada en 97 días sin garantizar participación ciudadana efectiva ni responder a más de 8.000 firmas de oposición. Según los entes de control, esta resolución vulnera derechos fundamentales y no sustituye el proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional.
Ante esta situación, se solicitó al Tribunal evaluar sanciones por desacato, rechazar nuevas prórrogas, suspender la Resolución 221 y exigir el reinicio del proceso con garantías de participación ciudadana, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú. También pidieron que la delimitación se priorice como condición para cualquier otro instrumento de gestión ambiental.