La UE también ha sido testigo del incremento anormal de cruces irregulares de fronteras, «tres veces más que en 2021 y diez veces más que 2018», sobre todo por la ruta de los Balcanes occidentales, precisó la eurocomisaria.
Este fenómeno atañe a ciudadanos de países que no están inmersos en una guerra, como India, Túnez, Burundi o Cuba, lo que no da casi opciones a una protección temporal en la UE.
Ya en el plan de acción para el período 2023-2027, se destacan los programas de cooperación con países para evaluar estos flujos migratorios, algo que la Comisión llevará a cabo próximamente con Macedonia del Norte y Albania, mediante el uso de un contingente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
Además se crearán Centros de Recursos de Migración en los países de origen, para disuadir a los potenciales migrantes, mediante campañas de concienciación sobre los riesgos del viaje.
La UE, consciente de la utilidad de esta fuerza laboral en sociedades con población envejecida y baja natalidad, también quiere aprovechar su potencial, pero de una manera equilibrada, para no fomentar una fuga de cerebros.
«Continuar promoviendo programas dirigidos a reintegrar a los emigrantes en los mercados de trabajo de sus países de origen, teniendo en cuenta sus habilidades y competencias adquiridas en el extranjero», se cita en el plan de acción.
La declaración fue suscrita por 48 países, entre ellos los Veintisiete representados por la Comisión europea, cinco de la Asociación Oriental (Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Armenia y Ucrania) y seis de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán).
También lo firmaron los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo), Turquía y tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega y Liechtenstein).