En la actualidad, resulta indispensable reflexionar sobre el papel que desempeña el perito forense dentro del sistema de justicia mexicano, particularmente en el marco de un modelo garantista que privilegia el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la libre valoración de la prueba. A este respecto, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la intervención y las funciones de un perito forense asegura un juicio justo y equitativo?
Para comenzar, es preciso señalar que el sistema de justicia en México ha transitado, al menos en su diseño normativo, de un modelo inquisitivo —caracterizado por la concentración de funciones en una sola autoridad y por la presunción de culpabilidad— a uno de corte garantista. En este nuevo paradigma, consagrado en instrumentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se enfatiza la protección de los derechos fundamentales de los involucrados, tales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la imparcialidad judicial.
En este contexto, el debido proceso se erige como un pilar fundamental. De acuerdo con su conceptualización jurídica, implica la observancia de un conjunto de formalidades esenciales que aseguran la equidad y la legalidad en el procedimiento judicial. A su vez, la libre valoración de la prueba permite al juez analizar, con independencia y fundamentación, los elementos probatorios aportados, sin estar sujeto a una tarifa legal de pruebas preestablecida.
Ahora bien, en el marco de estas garantías, el perito forense cumple una función insustituible. En términos generales, el perito forense es aquel especialista que, a partir de sus conocimientos técnicos o científicos, ofrece una interpretación objetiva de los hechos controvertidos. No obstante, conviene destacar que el campo de la pericia forense abarca diversas disciplinas, entre las que se incluyen: la criminalística, la medicina forense, la psicología forense, la contaduría forense, la informática forense, la grafoscopía y documentoscopía, entre muchas otras.
Asimismo, resulta oportuno subrayar que la participación de peritos forenses debidamente capacitados y certificados contribuye de manera decisiva a la construcción de procesos judiciales legítimos. A manera de ilustración, en casos emblemáticos donde la prueba pericial ha sido determinante —como en delitos de homicidio, violencia sexual o fraudes financieros—, ha quedado de manifiesto que la precisión científica en el análisis de evidencias es crucial para evitar condenas injustas o la impunidad de los verdaderos responsables.
Sin embargo, es imperativo reconocer que aún persisten importantes deficiencias en la actuación pericial en México. De manera específica, la falta de una formación académica especializada, la carencia de certificaciones actualizadas y la ausencia de controles de calidad en el ejercicio pericial constituyen factores que ponen en riesgo la integridad del proceso judicial. En este sentido, el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación, certificación y evaluación de los peritos forenses debe ser considerado una prioridad impostergable para la consolidación de un auténtico Estado de derecho.
En conclusión, no puede concebirse un sistema de justicia garantista sin la intervención de peritos forenses que actúen con rigor científico, independencia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Por ello, se recomienda impulsar políticas públicas que profesionalicen la labor pericial, crear registros nacionales de peritos certificados, así como promover instancias autónomas que vigilen la calidad de las pruebas técnicas en los procesos judiciales. Sólo así se garantizará que la verdad de los hechos se esclarezca de manera objetiva y se protejan los derechos de todas las personas sometidas a juicio.