En un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano ofreció disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esta acción forma parte del Acuerdo de Solución Amistosa, firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la comunidad afectada.
El reconocimiento internacional se enmarca en el Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1997 y 2007. Según la Defensoría del Pueblo, durante ese periodo se documentaron 54 denuncias, incluyendo masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas cometidas por grupos armados ilegales, en complicidad con integrantes de la fuerza pública.
La Comunidad de Paz, fundada en 1997 como una forma de resistencia civil no armada, proclamó su neutralidad frente al conflicto y su derecho a vivir en paz. En 2007, la Sentencia T-1025 de la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos y ordenó medidas para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral.
A pesar de esas órdenes, su incumplimiento dio paso a una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012. Finalmente, el acuerdo de diciembre de 2024 reconoce la responsabilidad estatal e incluye medidas como la creación de una nueva comisión, la formalización de tierras y obras de infraestructura consensuadas con la comunidad.
El acto simbólico tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con la presencia de líderes de la Comunidad de Paz, funcionarios públicos, embajadores y representantes de organismos internacionales. Además, se destacan iniciativas de memoria histórica, infraestructura educativa y salud como parte de la reparación.