El modelo sancionador es un sistema legal y administrativo que establece la imposición de sanciones o castigos a personas o entidades que han cometido infracciones o delitos. El objetivo del modelo sancionador es garantizar que las personas o entidades cumplan con las leyes y reglamentos establecidos, y evitar que se repitan conductas ilegales.
El modelo sancionador incluye varios componentes, tales como la definición de las infracciones o delitos, la imposición de sanciones, los procedimientos de investigación y los recursos para impugnar las decisiones sancionadoras.
En general, las sanciones pueden ser de dos tipos: pecuniarias o no pecuniarias. Las sanciones pecuniarias son multas o pagos económicos que deben hacer las personas o entidades infractoras, mientras que las sanciones no pecuniarias pueden ser la suspensión de licencias, la prohibición de realizar ciertas actividades, la cancelación de permisos, entre otras.
Para imponer sanciones, el modelo sancionador utiliza procedimientos formales y procesales que garantizan la protección de los derechos de las personas o entidades infractoras. Por lo general, se lleva a cabo una investigación de los hechos y pruebas relacionadas con la infracción o delito, se notifica a las partes interesadas y se les da la oportunidad de presentar pruebas y argumentos, y finalmente se emite una decisión fundamentada que impone la sanción correspondiente.
Es importante destacar que el modelo sancionador debe tener en cuenta principios fundamentales del derecho, tales como el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la necesidad de motivar las decisiones sancionadoras. Además, debe estar enmarcado en un sistema de leyes y regulaciones claras y transparentes que establezcan los tipos de infracciones o delitos y las sanciones correspondientes.
En resumen, el modelo sancionador es un sistema legal y administrativo que tiene como objetivo imponer sanciones a las personas o entidades que han cometido infracciones o delitos. Para ello, utiliza procedimientos formales y procesales que garantizan la protección de los derechos de las partes interesadas y está enmarcado en un sistema de leyes y regulaciones claras y transparentes.