La creación de una Guarda Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, podrían significar un retroceso en la protección de los derechos humanos, señalaron durante el conversatorio “Derechos Humanos”.
Kenia López, presidenta de la Comisión sobre la materia, recordó que el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere la presunción de inocencia, y en contrasentido, la semana pasada en el Senado fue incrementado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que no va a disminuir la delincuencia o a generar paz, dijo.
“Una cosa dicen los artículos de la Declaración que hoy conmemoramos, y otra lo que el Estado y los mexicanos estamos viviendo o sufriendo.”
El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, dijo que el dilema es cómo resolvemos los reclamos de seguridad y justicia, como el caso de la aplicación de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa, porque todavía no estamos en la construcción de acuerdos entre todas las fuerzas políticas.
Martha Lucía Micher, integrante de la Comisión, refirió que existe corrupción en los tres niveles de la policía, por lo que es necesaria la Guardia Nacional en el país. Ante las críticas por la legislación en torno a la prisión preventiva oficiosa, explicó que el Senado de la República amplió el catálogo de delitos que la ameritan, pero no creó.
Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, comentó que para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad, el país necesita una policía científica y capacitar a la que ya existe. No una Guardia Nacional.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que no se debe militarizar la seguridad porque significaría un retroceso. Además, lo aprobado en relación con la prisión preventiva oficiosa, “nos parece lamentable”.
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