Con el objetivo de reforzar el dictamen sobre la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como reconocer su importancia para disminuir la pobreza, fortalecer la inclusión social y el desarrollo económico, el Senado de la República realizó el foro virtual «Diálogo y Reflexiones entre la Ciencia y la Política».
En la inauguración, la senadora Nestora Salgado García consideró que la ciencia y la tecnología son ejes fundamentales para la paz y el desarrollo sostenible; además, representan un componente esencial para el buen funcionamiento de cualquier política pública.
La pandemia nos puso de manifiesto la necesidad de emprender acciones efectivas, para el fortalecimiento de dichas áreas, como mecanismos para plantear propuestas científicas y eliminar las múltiples barreras y obstáculos para el acceso a la educación y al desarrollo.
La legisladora de Morena adelantó que próximamente el Senado discutirá dicha Ley, por lo que, con lo planteado en este foro, se reflexionará sobre las diversas propuestas para robustecer el ordenamiento.
Su compañera de bancada, la senadora María Celeste Sánchez Sugía aseguró que para la Cámara de Senadores es esencial escuchar a todas las voces, porque la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para contribuir en la solución y en el desarrollo integral del país.
«Hoy, con el distanciamiento físico, la ciencia y la tecnología adquieren una renovada y central importancia, por lo que debemos alcanzar los objetivos de soberanía científica, independencia tecnológica y progreso sostenible».
Aida Hernández Castillo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expuso que a través de diversos foros integrantes de la academia han expresado sus preocupaciones ante este proyecto de Ley.
Sin embargo, acotó que sus aportaciones no se tomaron en cuenta en abril pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas a diversas disposiciones de dicho ordenamiento, «por lo que esperamos que aún sea tiempo de que el Senado escuche nuestras voces y pueda representarnos en el Congreso».
Por su parte, Olivia Joanna Gall Sonabend, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencia y Humanidades, señaló que la minuta «no hace honor al mandato constitucional de contar con una ley en la que el Ejecutivo Federal deje de tener tanto peso en la toma de decisiones», pues aún le da un poder de decisión ampliamente mayoritario.
Esto, en demérito de los poderes ejecutivos estatales y de otras instituciones federales, ya que en el «Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación», participan con voz y voto, 17 representantes del Poder Ejecutivo Federal, incluido el Conacyt, mientras que sólo hay entre cinco y 10 representantes de los poderes locales.
Además, dijo Joanna Gall, la presencia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo es preocupante, porque a pesar de que se fomenta la innovación e investigación científica en algunas de sus áreas, las razones militares podrían imperar en la toma de decisiones de la política científica del país y disminuir los escasos fondos estatales destinados a la ciencia.
Marcia Hiriart Urdanivia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, expuso que el proyecto que envió la Cámara de Diputados básicamente supedita la libertad de investigación a una agenda y a un Consejo de Estado que determina las prioridades y el financiamiento.
Precisó que también se contrapone con la libertad y autonomía en la investigación, omite el concepto de la ciencia básica y no reconoce su función como generadora de nuevo conocimiento, lo que es muy grave para todos los científicos.
En el encuentro también participaron Martha Patricia Ponce y Jorge Alonso Sánchez, profesores investigadores del CIESAS; Violeta Gleaves López, secretaria del Sindicato del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y Julio Antonio García Palermo, secretario General del Sindicato del CIESAS.
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