CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) -La Suprema Corte mexicana declaró el lunes inconstitucional una parte de las reformas al sistema de elecciones en el país impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de críticas de la oposición por un supuesto recorte a las atribuciones del árbitro electoral.
A fines de febrero, la cámara alta terminó la aprobación de diversas normas que tienen el objetivo de reorganizar y delimitar las tareas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) al reducir, entre otras cosas, su presupuesto y competencias a través del cierre de oficinas.
Con nueve votos a favor y dos en contra los magistrados del máximo tribunal nacional (SCJN) aprobaron un proyecto de resolución que invalida uno de dos decretos que incluían las reformas legales, relativo aspectos como la comunicación y la propaganda gubernamentales.
Los magistrados argumentaron que en el proceso legislativo hubo violaciones graves al procedimiento.
La Corte tiene pendiente de discusión otra impugnación a un segundo decreto que implicó más cambios legales que afectan, en este caso, directamente a la estructura del INE y que incluyen cuestiones como un recorte de las partidas presupuestarias que recibe, consideradas demasiado elevadas por López Obrador.
El mandatario, conocido por su acrónimo AMLO y que ha tensado las relaciones con la SCJN desde que llegó al poder en diciembre de 2018, ha dicho que las reformas -que entraron en vigencia a principios de marzo- fortalecerían la democracia y rebajarían la influencia de intereses económicos en la política.
Por contra, los críticos de esos cambios legales aseguran que significaría concentrar el poder en manos del gobernante y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando queda poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2024.
La bancada del opositor Partido Acción Nacional en el Senado celebró la decisión del máximo tribunal, que en su opinión demostró que «nadie puede estar por encima de la ley». «Contar con instituciones fuertes y autónomas es fundamental para garantizar la certeza y legalidad», añadió.
En vísperas de la votación de la Corte, el Gobierno emitió el domingo un comunicado en el que sostuvo que «el principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso».