Montevideo, 14 jun (EFE).- Uruguay atraviesa un mes de junio lleno de movilizaciones sindicales y paros de distintos sectores laborales que reclaman mejoras salariales, entre otras demandas, con la vista puesta en la rendición de cuentas que el Gobierno de Luis Lacalle Pou (centroderecha) debe entregar antes del día 30.
Con un paro general «en defensa del trabajo de calidad y salario» convocado para el 7 de julio en la mira, las gremiales que integran la central sindical uruguaya, PIT-CNT, comenzaron este junio a hacer oír sus reclamos en un momento clave.
Mientras, el Gobierno de coalición trabaja para presentar un nuevo proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en el que la Administración revisa las asignaciones presupuestarias del último año y ajusta algunas, de considerarlo necesario.
UN JUNIO «MOVIDITO»
En las calles el ambiente estará «movidito», asegura a la Agencia Efe el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien remarca que la lista de trabajadores llamados a paralizar actividades es larga y abarca tanto a públicos como a privados.
A los paros del transporte y la industria consumados los pasados 6 y 9 de junio, se sumarán, por ejemplo, uno de funcionarios estatales previsto para el 16, con un apoyo expreso de privados en el sector sanitario, y otro de los trabajadores de la construcción, el día 29.
El más próximo es el paro en la educación, pautado para este miércoles, que, explica la secretaria general del PIT-CNT y referente de la federación de maestras FUM, Elbia Pereira, responde a una sentida pérdida salarial en el sector.
«Ya hace dos años los funcionarios y funcionarias de los distintos sectores de la educación estamos perdiendo poder adquisitivo de acuerdo a nuestros salarios», esgrime y apunta que, si bien el Gobierno «reconoce» la situación, «lamentablemente» no ha puesto el asunto «sobre la mesa» con vistas a la rendición de cuentas.
Al tiempo que denuncia que la enseñanza lidia con aulas sobrepobladas frente a un recorte de dos millones de dólares, Pereira reclama que el tomado por las autoridades «no es el camino» y subraya que el día del paro habrá una «gran marcha».
En la misma línea, el presidente de la FFSP apunta que el 16 los trabajadores de la salud, aplaudidos en los meses más duros de pandemia, marcharán por mejoras laborales y dice esperar un apoyo masivo «de la propia ciudadanía», ya que esto también le concierne.
Asimismo, espera que el Gobierno reaccione y brinde alguna respuesta a los trabajadores.
«Estamos hablando de los trabajadores (…) que en medio de la pandemia y la crisis bancaron (mantuvieron) todos los servicios (…), así que estamos convencidos de que, después de las grandes movilizaciones, el Gobierno va a tener que escuchar y cambiar de postura», subraya.
LAS CUENTAS CLARAS
A medio mes de la fecha límite para que las autoridades entreguen al Parlamento uruguayo su propuesta, la incertidumbre supera los pronósticos, ya que, para la economista Gabriela Mordecki, el complejo panorama inflacionario puede jugar un rol clave.
Es que, dice, si bien el Gobierno anunció «un adelanto en la recuperación de los salarios públicos y las jubilaciones», no se sabe si luego impondrá un descuento que implique una recuperación salarial «mucho más menguada».
Por otro lado, la directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República ve con buenos ojos los «grandes números» de las cuentas públicas.
Como el Ejecutivo cumplió con su meta de déficit fiscal, para Mordecki la incógnita es si apostará, como años anteriores, al «gasto cero» o, ya con el Fondo Coronavirus de unos 700 millones pautado a partir de la pandemia fuera de la mesa, habilitará un mayor gasto en áreas sensibles, como la educación.
EL PESO POLÍTICO
Desde otra mirada, el politólogo Antonio Cardarello ve a la oposición, cuya principal fuerza es el Frente Amplio (FA, izquierda), que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es presidida por el exlíder del PIT-CNT Fernando Pereira, en un terreno fértil para hacer valer su peso, en tanto aliado clave de los movimientos sindicales.
Según Cardarello, el FA «históricamente» supo utilizar los asuntos económicos como centro del debate y, tras un comienzo difícil después de su derrota electoral de 2019, llega a 2022 «reforzado» en su carácter de fuerza opositora, por lo que puede aprovechar el momento a su favor.
Por otro lado, para el académico, el Gobierno tiene clara «su hoja de ruta» y permanece «atento» a los cambios políticos en un panorama en que deberá «dar cierta respuesta» a los trabajadores movilizados si quiere que ello redunde a la larga en «probabilidades electorales que pueden mejorar» en la carrera hacia las presidenciales de 2024.