Dependencias tendrán que dar información sobre megaproyectos con nueva sentencia de la Corte
NOTIPRESS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde declaraba todas las obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público. De esa manera, tiene efecto general y no solo en materia de transparencia y acceso a la información pública,
Durante la sesión pública del 22 de mayo, la SCJN invalidó también el denominado decretazo de AMLO por seis votos a favor. Con esta determinación, ninguna dependencia de la administración pública podrá alegar el acuerdo presidencial y justificar que las obras son prioritarias y estratégicas para otro tipo de decisiones. Es decir, no se podrán usar para evadir estudios, agilizar licitaciones, emitir permisos provisionales o evitar concursos públicos.
El jueves 18 de mayo, el máximo tribunal inválido la primera parte del decretazo de López Obrador. Sin embargo, con su nueva decisión, ninguna dependencia podrá blindar las obras insignias del Gobierno Federal, tales como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas.
Fueron las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat quienes votaron por la invalidez total del decreto. Juan Luis González Alcantará, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán también votaron a favor de invalidar el acuerdo presidencial.
Los ministros resolvieron que la invalidez del decretazo no tiene efectos retroactivos, es decir, se aplicarán hacia adelante.
Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz empujaron la interpretación, asegurando que solamente se debería de invalidar el decreto en lo relacionado con el INAI y dependencias públicas, pero solo sobre la reserva y acceso a la información. La ministra Esquivel insistió en que la invalidez solo afecta a quien lo emitió, López Obrador, así como a quien lo demandó, INAI, pues los terceros ajenos a la relación procesal no están implicados en la decisión.
Sin embargo, durante la sesión no se discutió la queja interpuesta por el INAI. En su petición, solicitaban que en la decisión sobre los efectos de la invalidez se considerara el nuevo acuerdo presidencial, emitido el mismo 18 de mayo.