Notipress.-El proyecto legislativo que busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución ha generado preocupación debido a posibles efectos adversos en la provisión de bienes y servicios públicos, así como en el cierre de brechas socioeconómicas. Las recomendaciones técnicas sugieren ajustar criterios de asignación de recursos para garantizar un equilibrio fiscal entre las entidades territoriales y atender desigualdades en capacidades administrativas.
La Procuraduría General, en un informe dirigido al Congreso, alertó sobre estos riesgos y destacó la importancia de adoptar propuestas de la Misión de Descentralización. Entre estas se incluyen un incremento en la participación territorial al 30,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, una redistribución de los recursos en dos categorías (sectorial y territorial) y la flexibilización del uso de los fondos del Sistema General de Participaciones (SGP).
Expertos señalaron que las transferencias actuales no han reducido las desigualdades persistentes ni equilibrado el desempeño fiscal de las regiones. En este contexto, la Procuraduría subrayó la necesidad de ajustar los criterios para dirigir los recursos hacia las poblaciones más vulnerables y cerrar las brechas existentes.
El documento también advirtió sobre la importancia de evitar impactos negativos en los derechos fundamentales y en el desarrollo territorial, todo en el marco del principio de colaboración armónica consagrado en la Constitución.