Notipress.- La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el fortalecimiento de las medidas de seguridad para los personeros de Ocaña y Cácota, en Norte de Santander, tras recibir amenazas de grupos armados ilegales. Este llamado busca responder a la violencia creciente que afecta a los funcionarios del Ministerio Público en la región, con una evaluación de riesgos y un ajuste de las protecciones en función de las circunstancias de cada zona.
Desde 2022, la Procuraduría implementó la estrategia «Espacios Regionales para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales» para mejorar el diálogo entre comunidades y el Estado, especialmente ante las amenazas constantes hacia líderes sociales.
En el ámbito carcelario, la entidad reporta un grave hacinamiento en Norte de Santander, donde 4.441 personas se encuentran detenidas en espacios diseñados para 3.170, lo que representa un exceso del 40 %. Para abordar esta situación, se han convocado mesas de trabajo que buscan mejorar la alimentación, salud y el acceso a brigadas médicas en los centros de reclusión.
Además, la Procuraduría, de acuerdo a un comunicado al que tuvo acceso NotiPress, instó a la Cancillería a reforzar la atención a migrantes en la ruta Cúcuta-Bucaramanga, debido a un incremento en los casos de trata, explotación sexual y trabajos forzados en la frontera con Venezuela.
Finalmente, tras las protestas de mineros y campesinos en defensa de sus derechos laborales y ambientales, la Procuraduría respaldó el diálogo que culminó en acuerdos sobre la explotación agrícola y minera en páramos, así como la formalización laboral de pequeños mineros el pasado 26 de octubre.