La propuesta fue entregada a la Comisión de Relaciones Exteriores por organizaciones de la sociedad civil
Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), recibieron este martes un decálogo emitido por organizaciones de la sociedad civil titulado «Medidas urgentes para la gestión migratoria segura, ordenada y humana».
Contempla crear un plan integral que aborde la situación migratoria de manera estructural, así como la implementación de medidas para garantizar el derecho a la movilidad humana y el acceso a servicios básicos a las personas migrantes, desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos.
En este sentido, el diputado Femat Bañuelos (PT) advirtió que, en la víspera de sostener una reunión interparlamentaria con homólogos estadounidenses, propuso llevar a cabo un foro para cambiar esa idea equivocada de la migración
«Hoy en día, en todo el mundo está migrando 3 por ciento de la población que contribuyen de manera directa al Producto Interno Bruto. ¿Quién puede cuestionar a los hermanos migrantes mexicanos que hoy están enviando a este país más de 60 mil millones de dólares?», dijo.
Por su parte, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) recordó que «migrar» no es un delito y eso nos debe quedar muy claro. No deben existir estaciones migratorias, el hecho de que existan en la Ley es señal de que no hemos aprendido la lección, comentó.
En su momento, la diputada Olga Leticia Chávez Rojas (Morena) puso énfasis en implementar medidas y atender a las víctimas de violencia y trata de personas en situación de migración, así como en crear un registro nacional de víctimas de la violencia migratoria.
A su vez, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI) recalcó que el Gobierno Federal confunde las obligaciones del Instituto Nacional de Migración; «es un mecanismo de coordinación que está como un ente de gobernabilidad».
Por su parte, el diputado José Mauro Garza Marín (MC) recordó que México es un país de origen, de tránsito, destino y retorno de migrantes, «por eso es importante atender esta problemática de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de las instancias internacionales.
En su momento, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) aseguró que hay organizaciones que extorsionan a las personas migrantes con la promesa de dejarlos en territorio estadounidense, pero al final los entregan a grupos de la delincuencia organizada.
A nombre de Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en México, Josep Herreros afirmó que la instancia internacional trabaja de la mano con las autoridades en México, pero resaltó: «hacemos un llamado a revisar las políticas de detención de acuerdo a los estándares internacionales».
Especificó: «Se estima que durante el año pasado más de dos millones de personas intentaron cruzar a los Estados Unidos, si sacamos solamente las personas no mexicanas, serían mensualmente más de 100 mil personas, Nosotros hemos reubicado y facilitado acceso laboral a más de 32 mil personas refugiadas y en toda la zona industrial de México hay altísima demanda de mano de obra».
Decálogo de medidas
El decálogo que presentó Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de «Agenda Migrante», contempla un plan integral para abordar la situación migratoria de manera estructural.
A través de la creación de un protocolo, las autoridades deberán atender a menores migrantes no acompañados, para garantizar su protección y acceso a servicios de salud y educación de manera urgente y prioritaria.
Además, busca aplicar medidas para atender a las víctimas de violencia y trata de personas en situación de migración, así como crear un registro nacional de víctimas de la violencia migratoria.
El decálogo también incluye la promoción y defensa de los derechos laborales de las personas migrantes, además de su acceso a la justicia para prevenir la criminalización de la migración y la violencia institucional.
Otra de las medidas propuestas es la vinculación de la migración con la agenda ambiental, a través de la creación de políticas públicas que aborden la relación entre el cambio climático y la migración.
Asimismo, se busca rechazar las políticas antimigratorias y el cese de la cooperación con gobiernos que violan los derechos humanos de las personas migrantes.
Además, propone incorporar la perspectiva de género en la política migratoria, así como la atención a las personas migrantes que viven en situación de violencia de género.
«El decálogo tiene el apoyo de más de 300 organizaciones que se han sumado a este proyecto de manera individual o colectiva, que se encuentran vinculadas con la atención de los retos que plantea la migración de, hacia y en México», detalló Rendón Cárdenas.
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