Colectivos exigen depuración de aspirantes al Poder Judicial ante graves antecedentes documentados
Notipress.- Diversas organizaciones de la sociedad civil lanzaron una alerta pública sobre al menos 13 candidaturas con antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado y conductas indebidas de cara al proceso electoral para renovar el Poder Judicial en México. Estas denuncias surgen tras el inicio de las campañas judiciales el pasado 30 de marzo, rumbo a las elecciones del 1 de junio de 2025.
El colectivo «Defensorxs», a través de su plataforma «Justicia en la mira», documentó los perfiles de varios aspirantes, entre ellos Silvia Rocío Delgado, quien en 2016 formó parte del equipo jurídico de Joaquín «El Chapo» Guzmán y actualmente busca un cargo como jueza penal local en Chihuahua.
Otro caso controversial tiene que ver con la figura Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal en Michoacán, señalado por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado durante su gestión como fiscal estatal. También figura Fernando Escamilla Villarreal, quien busca ser juez penal en Nuevo León, y quien fue defensor del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. Escamilla además recibió una condena por portación ilegal de armas.
Asimismo, otro aspirante, Jesús Humberto Padilla Briones, fue detenido en 2023 en Nuevo León en posesión de un arma y sustancias ilícitas, lo cual dio origen a un proceso por posesión de armas y drogas. En Sonora, Andrés Montoya García, postulado como magistrado, está relacionado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005. Montoya admitió haberse reunido con el periodista poco antes del hecho, y su hermano fue vinculado como presunto autor material del crimen.
En esa misma entidad, Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado, enfrenta acusaciones por negligencia en su gestión al frente del sistema penitenciario, en un caso relacionado con la muerte de una joven durante una visita conyugal irregular. Familiares de la víctima y colectivos feministas lo señalan por encubrir un feminicidio.
También se denunciaron antecedentes por acoso y abuso sexual entre los aspirantes. Francisco Martín Hernández Zaragoza, en Jalisco, fue destituido en 2015 por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual, decisión ratificada por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte en 2017. En la Ciudad de México, Edgar Agustín Rodríguez Beiza fue procesado por abuso sexual agravado en 2017, aunque el caso fue cerrado tras recibir el perdón de la víctima. Mientras que Jacqueline Silva Betancourt fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal tras ser acusada de acoso laboral y de coaccionar la renuncia de un trabajador bajo amenazas.
Organizaciones como «Ni Una Más Hermosillo», «Artículo 19», «Fundar» y «México Evalúa» suscribieron un pronunciamiento donde advirtieron que «no permitirán que perfiles con acusaciones graves se conviertan en jueces o magistrados» y exigieron a las autoridades implementar una depuración efectiva del proceso.
Estas elecciones, impulsadas por una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, permitirán a más de 97 millones de ciudadanos elegir directamente a más de 880 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre más de 3,400 candidaturas.