Washington D.C – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la persecución religiosa, la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en la que permanecen quienes están en prisión. La CIDH insta a cesar la represión y a la liberación inmediata de las personas detenidas en este contexto.
Entre el 1 y el 10 de agosto de 2024, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH recibió información sobre el despliegue de operativos y allanamientos realizados por la policía nacional en distintas casas curiales y propiedades de la Iglesia Católica. Como resultado, doce sacerdotes y al menos otras dos colaboradoras de la iglesia fueron detenidas, la mayoría vinculadas con las Diócesis de Matagalpa o de Estelí. El 8 de agosto, siete de estos sacerdotes fueron expulsados del país y trasladados hacia el Estado Vaticano después de permanecer varios días detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
En su informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, publicado en 2023, la CIDH constató que la persecución religiosa se intensificó con la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso; la prohibición de actos religiosos y la celebración de misas; así como por el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas a congregaciones católicas. Desde octubre de 2023, más de 200 personas religiosas han sido desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país. En total, desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos. Actualmente, otros laicos vinculados con la Iglesia Católica permanecen en prisión, entre ellos, los colaboradores de Cáritas Estelí.
En su informe sobre Libertad de Religión y Creencia, la CIDH advirtió que este tipo de acciones forman parte de un contexto sistemático de represalias en contra de la Iglesia Católica, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional de 2018 y a su función de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el país.
La represión y persecución se ha extendido a religiones protestantes y evangélicas. En 2024, según registros del MESENI, el Estado ha cancelado la personería jurídica de más de 60 iglesias o asociaciones evangélicas. En abril de 2024, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de diez personas de la iglesia evangélica ministerio “Puerta de la Montaña”, que se encuentran privadas de la libertad bajo graves condiciones de detención.
El artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. La CIDH ha señalado que un espacio cívico abierto, libre y plural es una condición esencial para la garantía de este derecho.
Al mismo tiempo, la CIDH observa con preocupación que persisten las denuncias de detenciones arbitrarias y de graves condiciones de detención. Hasta el 31 de julio, según datos del Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas Políticas (integrado por organizaciones de la sociedad civil), al menos 141 personas se encontraban privadas arbitrariamente de la libertad, la mayoría en condiciones de insalubridad, denuncias de malos tratos, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y ausencia de atención médica. A su vez, el prolongamiento de la detención en estas condiciones deplorables sigue afectando severamente la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las adultas mayores y con enfermedades preexistentes.
También alarma a la CIDH la falta de información oficial sobre el paradero y condición de salud de siete personas detenidas, tres de ellas desde el momento de su detención. Esta situación se agrava por un contexto de restricciones a las visitas familiares y a la recepción de paquetería, así como patrones de afectaciones al acceso a la justicia y a las garantías del debido proceso. Asimismo, la ausencia de un sistema de justicia independiente y el hostigamiento policial a las familias de las personas detenidas, abogadas y defensoras de derechos humanos, mantiene un clima de indefensión y temor generalizado que dificulta la denuncia y el registro de las graves violaciones a sus derechos humanos.
La CIDH urge al Estado a cesar de inmediato la represión generalizada y la persecución religiosa en el país. Asimismo, insta a garantizar la vida e integridad de las personas privadas arbitrariamente de la libertad y a ordenar su liberación inmediata.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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