Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua con motivos políticos e insta al Estado a su inmediata liberación.
En las últimas semanas, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH ha recibido testimonios de algunas de las 135 personas excarceladas el 5 de septiembre de 2024 y desterradas a Guatemala, entre las cuales se encontraban personas defensoras, laicas de la religión católica y misioneras.
Los testimonios recibidos apuntan a las persistentes deplorables condiciones de detención, que se caracterizaron por la insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos, así como restricciones en la recepción de paquetería y visitas familiares.
Las denuncias y testimonios recibidos indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, como golpizas y descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes, y acceso limitado a la luz solar.
La CIDH recibió testimonios de mujeres detenidas en el centro penitenciario conocido como La Esperanza, que refiere a la falta de acceso a productos básicos de higiene, espacios inadecuados para dormir y condiciones de hacinamiento en celdas insalubres. Algunos testimonios apuntan a la aplicación de regímenes de aislamiento. Asimismo, se documentó la falta de atención médica y de medicamentos adecuados, a pesar de que muchas presentaban problemas de salud, como infecciones. También se documentó la presencia de cámaras de vigilancia en las celdas.
Tras su excarcelación y destierro a Guatemala, las personas liberadas manifestaron enfrentar incertidumbre y vulnerabilidad debido a las secuelas físicas y emocionales sufridas en prisión, así como temor por la situación de sus familias en Nicaragua.
La Comisión insta a la comunidad internacional a brindar apoyo humanitario y legal a las personas excarceladas para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad, y exhorta a los Estados receptores a ofrecerles protección internacional y un estatus migratorio estable para facilitar su integración. Asimismo, hace nuevamente un llamado urgente al gobierno de Nicaragua para que cese la persecución y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos, y para que libere de inmediato a todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de la libertad, garantizando su derecho y el de sus familias a vivir sin amenazas ni represalias.
Finalmente, al menos 36 personas continúan detenidas de manera arbitraria. Entre ellas, destaca la situación de al menos 8 líderes indígenas que permanecen privadas de libertad, en condiciones deplorables de insalubridad, sin acceso a agua potable, alimentación inadecuada, falta de atención médica y denuncias de malos tratos.
La CIDH insta al Estado a liberar a todas las personas que se encuentra privadas arbitrariamente de la libertad y reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
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