6 dic (Reuters) -Un tribunal de Myanmar, gobernado por los militares, sentenció el lunes a cuatro años de prisión a la depuesta líder Aung San Suu Kyi, acusada de incitación y de violar las restricciones impuestas por el coronavirus, según dijo una fuente conocedora del proceso, en un caso que los críticos calificaron de farsa.
El presidente Win Myint también fue condenado a cuatro años de prisión, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato. Se trata de los primeros veredictos del tribunal sobre numerosos casos contra Suu Kyi y otros líderes civiles detenidos por los militares en un golpe de Estado el 1 de febrero.
Myanmar está sumido en la confusión desde que el golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente elegido de Suu Kyi desencadenara protestas generalizadas y suscitara la preocupación internacional por la paralización de las tímidas reformas políticas emprendidas tras décadas de gobierno militar.
La ganadora del premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, de 76 años, está detenida desde el golpe junto con la mayoría de los altos dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Otros se encuentran en el extranjero o en la clandestinidad y ningún portavoz del partido estaba disponible para hacer comentarios.
«Las acusaciones eran ridículas, diseñadas como represalia contra los líderes populares. Así que los veredictos de culpabilidad y las penas de prisión no son una sorpresa», afirmó Richard Horsey, experto en Myanmar del grupo de expertos International Crisis Group.
Un portavoz militar no respondió a los intentos de Reuters de ponerse en contacto con él para que comentara la sentencia, de la que se informó en los medios de comunicación nacionales.
Los militares no han dado detalles sobre el lugar en el que Suu Kyi ha estado recluida y no está claro si la sentencia supondrá algún cambio inmediato en sus circunstancias.
El juicio en la capital, Naipyidó, ha estado cerrado a los medios de comunicación y los canales de información pública de la Junta no han mencionado el proceso. A los abogados de Suu Kyi se les ha prohibido comunicarse con los medios de comunicación y con la población.
Suu Kyi se enfrenta a una docena de casos que incluyen múltiples cargos de corrupción, además de violaciones de una ley de secretos de Estado, una ley de telecomunicaciones y la normativa de COVID-19, que conllevan penas máximas combinadas de más de un siglo de prisión.
Suu Kyi y el coacusado Win Myint han sido condenados a dos años de cárcel por incitación y a la misma pena por incumplimiento de los protocolos sobre coronavirus. Se habían declarado inocentes.
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Los partidarios de Suu Kyi afirman que los casos son infundados y están diseñados para acabar con su carrera política y enredarla en procesos judiciales mientras los militares consolidan el poder.
Su encarcelamiento era esperado.
«No espero nada de este sistema de justicia roto», dijo a Reuters Maw Htun Aung, viceministro de un Gobierno paralelo de la oposición, tras la sentencia.
La Junta afirma que Suu Kyi está siendo sometida a un proceso justo por un tribunal independiente dirigido por un juez nombrado por su propia Administración.
Suu Kyi, hija del héroe de la independencia de Myanmar del régimen colonial británico, pasó años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen militar, pero fue liberada en 2010 y llevó a su LND a una victoria aplastante en las elecciones de 2015.
Su partido volvió a ganar en noviembre del año pasado, pero los militares dijeron que la votación estaba amañada y tomaron el poder semanas después. La comisión electoral desestimó entonces la denuncia de fraude electoral presentada por los militares.
El grupo de derechos Amnistía Internacional dijo que los cargos contra Suu Kyi eran una farsa y que su encarcelamiento era un nuevo ejemplo de la determinación de los militares de eliminar toda la oposición y suprimir las libertades.
El historiador y escritor Thant Myint U dijo que los dirigentes militares pensaban que sus predecesores, que lanzaron las reformas hace más de una década, habían ido demasiado lejos al permitir que Suu Kyi volviera a la política y que toda la razón del golpe era excluirla.
«Ella sigue siendo, de lejos, la más popular en la política de Myanmar y puede seguir siendo una fuerza potente en lo que está por venir», dijo a Reuters.
Los Estados occidentales han exigido la liberación de Suu Kyi y han condenado la violencia desde el golpe.
Matthew Smith, director ejecutivo del grupo Fortify Rights, dijo que la sentencia era «parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil» y pidió la liberación inmediata de Suu Kyi y otros presos políticos.
El grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos dijo que nadie se deja engañar por el resultado del juicio.
«Desde el día del golpe, ha quedado claro que los cargos contra Aung San Suu Kyi y las decenas de otros parlamentarios detenidos, no han sido más que una excusa de la junta para justificar su toma de poder ilegal», afirmó en un comunicado.