Washington, D.C.- El próximo 2 de junio de 2024 se celebrará la jornada electoral más grande en la historia de México. De acuerdo con la información disponible, se elegirá la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones y 9 gobernaturas, además de renovarse Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías, ascendiendo a un total de más de 20.700 cargos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido con preocupación distintos hechos violentos contra personas candidatas acaecidos en el contexto electoral y se encuentra monitoreando las medidas adoptadas para su prevención.
En este sentido, aunque la CIDH reconoce el esfuerzo desplegado por el Estado para prevenir y responder a estos actos de violencia, lamenta la pérdida de vidas humanas en el contexto electoral. Por ello, insta a las distintas autoridades públicas y a las diferentes fuerzas políticas de México a fortalecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas candidatas e investigar los hechos acaecidos de conformidad con las garantías del debido proceso. Estas investigaciones deben estar dirigidas a establecer los autores materiales de los hechos, así como el motivo específico de cada hecho y los autores intelectuales.
Desde el año pasado, la CIDH ha observado con preocupación la ocurrencia de una serie de hechos de violencia —entre los que destacan asesinatos, amenazas y secuestros— en contra de personas precandidatas, candidatas, y de dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas. En efecto, desde el mes de marzo de 2024 se registró, por lo menos, el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas. Adicionalmente el Estado informó sobre el homicidio de 9 personas aspirantes o que no contaban con registro de candidatura oficial, pero que habían manifestado su deseo de competir en la contienda electoral. En ese contexto, la Comisión tomó nota de información pública que indica que entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulación habrían sido asesinadas, de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona a votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto, y que garantice la libre expresión de la voluntad de las personas electoras. Por lo tanto, la ocurrencia de ataques en contra de líderes y lideresas políticas, en el marco de un proceso electoral, además de las vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, también afecta los derechos electorales de las personas electoras y candidatas.
El Estado informó a la CIDH que, en la actualidad, la protección se otorga a priori ante la mera solicitud para evitar actos de violencia por trabas administrativas. Asimismo, desde el 2 de febrero, opera el Protocolo específico para atender solicitudes relacionadas con la seguridad de candidaturas en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.
Resguardar la seguridad en todo contexto electoral tiene un impacto positivo en el ejercicio de los derechos políticos de personas candidatas y electoras. En consecuencia, la Comisión llama al Estado a continuar fortaleciendo estas medidas de prevención, tendientes a garantizar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Finalmente, hace un llamado a las autoridades judiciales competentes a investigar y sancionar los hechos de violencia ocurridos en el contexto electoral, ya que combatir la impunidad es condición esencial para prevenir nuevos actos de esta naturaleza.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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