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Los controles constitucionales: garantes de la legalidad en un sistema democrático

En la evolución de los sistemas democráticos modernos, el constitucionalismo ha jugado un papel fundamental como baluarte de legalidad y protección ante los excesos del poder. Se entiende que un Estado constitucional de derecho busca evitar la concentración absoluta de autoridad y proteger los derechos de los ciudadanos mediante un conjunto de normas y controles, que no solo regulan la acción gubernamental sino que, además, limitan cualquier intento de imposición totalitaria. Así, el objetivo último de este enfoque es que las decisiones del poder se ajusten a un marco legal que priorice el respeto de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Desde esta perspectiva, los sistemas democráticos han creado una serie de mecanismos de control que fortalecen las garantías individuales, evitando así que los ciudadanos queden indefensos ante abusos de poder. Uno de los ejemplos más notables es el Habeas corpus, que se utiliza en diversos países para proteger a las personas de detenciones arbitrarias. En México, esta protección toma la forma del juicio de amparo, un recurso constitucional que permite a los ciudadanos defenderse de los actos y decisiones de la autoridad cuando estos violan sus derechos fundamentales. Ambos recursos son fundamentales para el equilibrio de poder en un sistema democrático, ya que habilitan una vía de defensa ante acciones gubernamentales que puedan comprometer la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Además, estos controles evitan que vacíos legales sean manipulados en detrimento de la ciudadanía.

En este contexto, es relevante considerar que los derechos humanos, tal y como los consagra la Constitución mexicana, son de naturaleza progresiva, lo cual implica que su protección y alcance deben ampliarse constantemente en lugar de reducirse. La idea de progresividad en los derechos humanos se fundamenta en que estos no son estáticos; al contrario, deben evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades sociales y políticas, garantizando que los ciudadanos tengan cada vez más recursos y herramientas para defender sus libertades frente a las autoridades. Por lo tanto, cualquier política que intente reducir estas garantías contraviene directamente el principio de progresividad y, en consecuencia, el espíritu de la Constitución.

A pesar de esta visión, la llamada Cuarta Transformación (4T), encabezada inicialmente por Andrés Manuel López Obrador y actualmente continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado preocupaciones en torno a la regresión de estos derechos de defensa. Desde el discurso gubernamental, se promueve un cambio constitucional que aparentemente favorece la voluntad popular; sin embargo, esta reinterpretación de la Constitución puede resultar en la debilitación de las herramientas que los ciudadanos tienen para cuestionar y frenar decisiones autoritarias. En este sentido, la propuesta de negar o limitar el derecho de los ciudadanos a defenderse contra decisiones gubernamentales —incluso cuando éstas provengan de reformas constitucionales— representa un retroceso en la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho.

Cabe señalar que el derecho a la defensa frente a la autoridad es un pilar esencial en cualquier democracia moderna. En efecto, cuando el poder legislativo o ejecutivo intenta limitar este derecho, se vulnera la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar y frenar decisiones que, en muchos casos, pueden poner en peligro sus derechos. En un sistema democrático robusto, los ciudadanos deben contar con mecanismos de defensa —como el amparo en México— que les permitan cuestionar actos inconstitucionales, incluso si estos derivan de cambios a la Constitución misma. De no ser así, se corre el riesgo de consolidar un sistema en el cual las reformas constitucionales, en lugar de ampliar las libertades y derechos, sirvan para legitimar decisiones de corte autoritario.

En conclusión, los controles constitucionales, lejos de ser una barrera para el ejercicio del poder, constituyen un elemento fundamental para la preservación de la legalidad y el respeto a los derechos en un sistema democrático. La progresividad en los derechos humanos y la existencia de mecanismos de defensa legal, como el juicio de amparo, son logros que deben mantenerse y fortalecerse, no debilitarse bajo el pretexto de una voluntad popular que, interpretada de manera incorrecta, podría llevar al país hacia una peligrosa concentración de poder. Por ello, en la búsqueda de un México verdaderamente democrático, es necesario preservar estos controles como garantes de la legalidad y la justicia, manteniendo el equilibrio entre la autoridad y los derechos de los ciudadanos.

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