En el caso de los niños que ultimaron a su hermanito dentro de un juego de secuestro en el estado de Chihuahua, en días pasados el equipo legal del programa de Televisa de Laura Bozzo intentó mediatizarlo al adquirir los derechos de la defensa. Por la presión que pretendieron los abogados ejercer en caso la madre del menor agraviado decidió cancelar el compromiso con la conductora peruana y el caso retomó su curso.
En una emisión del programa que se transmite por Televisa la conductora arengó en contra de la dinámica familiar, centrándose en los padres de familia presumiendo que la desintegración de ésta era la causante de semejante tragedia; por lo cual, deberían ser investigados. Aunque no estableció que se pediría una sanción, quedo claro que se pretendía ante la audiencia dirigir la atención como causantes a la familia.
Hasta cierto punto sabemos y somos conscientes que familias desintegradas constituyen una simiente para casos de esta aberrante naturaleza. Sin embargo, parece que la doctora en Derecho desconoce los principios de nuestro sistema jurídico mexicano. El artículo 22 de la Constitución en su primer párrafo afirma:
QUEDAN PROHIBIDAS LAS PENAS DE MUTILACION Y DE INFAMIA, LA MARCA, LOS AZOTES, LOS PALOS, EL TORMENTO DE CUALQUIER ESPECIE, LA MULTA EXCESIVA, LA CONFISCACION DE BIENES Y CUALESQUIERA OTRAS PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES.
De forma específica para este caso se aplica claramente que las penas no pueden ser TRASCENDENTALES. Es decir, no deben de pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. El caso lamentable se debe entonces centrar en los autores materiales, y en su caso, intelectuales de este incidente. Si los padres son ajenos a los hechos, caeríamos en el error anticonstitucional al pretender hacerlos responsables directos de los hechos que ejecutaron los hijos.
Si así fuese el caso, muchas familias entonces serían los responsables de incidentes de hechos delictivos. La desintegración familiar es uno de los factores de la delincuencia, por lo cual las instancias de gobierno, los medios de comunicación y la sociedad en términos generales deben hacer esfuerzos para consolidar una mejor dinámica social. Pero de ahí a pretender enjuiciar mediáticamente a los padres de estos niños es otra cosa, que contradice el respeto a sus propios derechos humanos.