Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al menos 700 de índole religiosa. Esta acción intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país.
El 19 de agosto de 2024, la CIDH recibió información sobre la decisión del Ministerio del Interior de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones mediante el acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Según indica, las causas de la cancelación habrían sido “no reportar” sus estados financieros por períodos que oscilan entre uno y 35 años. Además, establece que el destino de los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones corresponderá a la Procuraduría General para su traspaso a nombre del Estado.
Asimismo, el 16 de agosto de 2024, la Vicepresidenta de la República anunció la presentación de iniciativas de ley para establecer un nuevo modelo de funcionamiento de los organismos no gubernamentales, denominado “Alianzas de Asociación”. Este modelo exige que todos los proyectos o programas de la sociedad civil se desarrollen en colaboración con instituciones estatales, previa aprobación del Ministerio del Interior o de la Cancillería de la República.
Estas acciones evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua. Esta se hace posible por la subordinación de todos los poderes al Ejecutivo, documentada ampliamente por la Comisión.
Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha registrado el cierre de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado, incluyendo a más de 1.200 fundaciones de índole religiosa. En 2024, más de 1.600 organizaciones se han visto afectadas por la cancelación de su personería jurídica, la mayoría acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes.
En el informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, la CIDH concluyó que el cierre masivo de organizaciones ha limitado severamente la capacidad de la sociedad civil para participar activamente en la vida política, social, cultural y religiosa, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos y el retorno de la democracia.
Ante estos hechos, la CIDH reitera las recomendaciones establecidas en el informe citado, entre ellas, adecuar la normativa interna conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, teniendo en cuenta la Declaración de Principios interamericanos sobre el régimen legal de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles sin fines de lucro.
La CIDH reitera su llamado urgente al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente las acciones represivas y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país.
La Comisión insta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para exigir el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que, pese a las adversidades, continúan luchando por la justicia, la libertad y democracia en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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