En modalidad virtual, participaron funcionarios, representantes de organizaciones y especialistas
En el primer día del foro “Ruta PEF 2023: Construyendo un Presupuesto para la Niñez y la Adolescencia”, en modalidad virtual, que organizó la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, funcionarios y especialistas abordaron los temas: inversión, restitución de derechos, violencia, protección, retos presupuestales y metodología para la elaboración del Anexo 18.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) agradeció a las y a los ponentes su participación y se pronunció por trabajar en favor de la niñez, a fin de garantizados sus derechos. “Ojalá lo retribuyamos con presupuesto para impulsar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”.
Inversión, la mejor tasa de retorno
María Constanza Tort San Román, encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mencionó que es importante garantizarles todos sus derechos, pero para ello se requiere inversión pública y recursos suficientes, ya que tienen muchas necesidades.
“La disminución de las desigualdades sociales de niñas, niños y adolescentes es una obligación; se requiere inversión presupuestaria y un ejercicio eficiente. En el tema de niñas y niños no hay un mañana, no nos podemos esperar para atender sus necesidades; es indispensable que anexos transversales y presupuestales tengan la perspectiva de la niñez y adolescencia”.
18 mil niñas, niños y adolescentes, sin cuidados parentales
Oliver Castañeda Correa, procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso que en el análisis presupuestal se busca identificar aquellos factores importantes, como son: pobreza y marginación, bienes y servicios básicos (educación y salud), sistema de cuidado y acceso a procesos en el ámbito de justicia.
Precisó que se tienen identificados en el país a casi 800 centros asistenciales y que 18 mil niñas, niños y adolescentes están sin cuidados parentales. Los que ingresan, dijo, han sido víctimas del abandono y requieren apoyo del Estado y de la sociedad civil para cubrir sus necesidades y lograr el ejercicio de sus derechos.
SHCP
El coordinador de Programación y Presupuesto de Servicios en la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sergio Robles Bedolla, dio a conocer que se implementó una metodología para facilitar la integración del Anexo 18.
En ella, añadió, “nosotros necesitamos la retroalimentación del ejecutor de gasto para que esté consciente de cómo será la carga que debe considerar y los criterios a tomar, porque se hacen en automático en el sistema”.
También de la SHCP, Gustavo González Chávez, director de Programación y Presupuesto, relató que hay programas presupuestarios que participan al cien por ciento por ser de beneficio directo a la niñez, que es el caso de los del ámbito educativo, y otros al 50 por ciento.
Fortalecer la metodología, explicó, permite conocer de manera precisa las fuentes de información que usan las dependencias y entidades. Añadió que existen plantillas para los grupos de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17 años. El factor demográfico, abundó, es indispensable si las dependencias no tienen datos suficientes o no cuentan con un padrón.
Leonardo García Torres, subdirector de área de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionó que muchos ejecutores, dado el cambio de personal, desconocen cómo se realiza un cálculo o cómo reportar en el anexo transversal.
Agregó que la Ley Federal de Presupuesto y los sistemas de Hacienda van encaminados a tener una clave presupuestaria, la cual delimita el detalle transversal. El objetivo de la metodología es saber qué está haciendo el programa, cuál es realmente su finalidad, la unidad responsable y quién lo reporta.
UNICEF
La jefa de Política Social de UNICEF, Catalina Gómez, indicó: “No es un tema de interpretación; se ha visto cómo la inversión social en México ha tenido una tendencia ascendente y se han incrementado las inversiones sociales, pero para la infancia hay una tendencia a la baja”.
Puntualizó que se debe reconocer que hay una situación por atender, así como enfocar los esfuerzos a mejorar la situación y reforzar las acciones para niñas, niños y adolescentes. Pidió evitar recortes en las inversiones prioritarias para estos sectores.
Arianna González, oficial de Política Social de UNICEF, expuso que la inversión en la infancia y la adolescencia de 2018 a 2023 tiene una tendencia al alza en términos absolutos, pero en términos reales ha perdido crecimiento. De 2019 a 2022 hay crecimientos muy negativos, y para el 2023 será de 3.1 por ciento en términos reales; el incremento en términos absolutos será de 67 mil 718 millones de pesos.
Mencionó que se tiene una inversión per cápita para 2023 de 22 mil 983 pesos anuales; la primera infancia es el grupo que tiene menor inversión (19 por ciento), seguido por la niñez (45 por ciento) y adolescencia (36 por ciento). Todo ello, dijo, suma 899 mil millones de pesos que recibirá ese grupo etario.
INEGI
Oscar Jaime Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, resaltó que, para diseñar estrategias de prevención y atención de la violencia, es preciso reconocer la prevalencia y la dinámica actual contra las niñas, niños y adolescentes. Planteó tener una encuesta de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
“Estamos buscando tener un instrumento validado que pueda ser aplicado en el país y con las mejores prácticas internacionales; ayudaría a entender la situación de la niñez. Para un primer piloto a escala nacional, se requieren entre 10 a 15 millones de pesos para 2023, y para llevar a cabo la encuesta se necesitan, al menos, 100 millones de pesos”, añadió.
La directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del INEGI, Alejandra Ríos Cázares, precisó que el levantamiento de información sobre violencia o experiencias de victimización contra las mujeres, “nos ha dejado muy claro que el levantamiento de datos en la infancia requiere precisiones metodológicas y éticas a fin de evitar la revictimización y algún tipo de agravamiento”.
Subrayó que la encuesta es de particular importancia porque no se cuenta con información sistematizada y recurrente sobre los niveles de violencia contra niñas, niños y adolescentes, “ya que es un problema en el país y a nivel internacional. Es más invisible la primera infancia y se requiere una estrategia de recolección de información al principal cuidador”.
Especialistas y fundaciones
Nancy Ramírez Hernández, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de la organización de Save The Children, consideró indispensable visibilizar los desafíos públicos que se enfrentan para garantizar los derechos de este sector de la población y lograr en 2023 un presupuesto que dé bienestar a casi 20 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en pobreza y protegerles de la violencia.
Relató que en la última década se ha observado una tendencia de bajo crecimiento en la inversión pública a la niñez y adolescencia; hay reducciones presupuestarias que contrastan con la agudización de las distintas problemáticas que afectan a esta población, especialmente, a partir de la pandemia. “Lamentablemente, el panorama propuesto para 2023 no es el mejor; se observa una baja inversión”.
De la Quinta Carmelita-Fundación Unnido, Georgina Ibáñez Velazco afirmó que 15 por ciento de niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia social verán restituido su derecho a vivir en familia; el resto seguirá así mientras “no se invierta adecuadamente”.
La pobreza y marginación generan condiciones para que este sector no pueda permanecer de manera segura en sus familias, por ello hay que apoyar la prevención familiar, ya que ocasionaría menor sufrimiento a ese sector etario. Se manifestó por restituir los derechos de la infancia y adolescencia.
Kenji López Cuevas, presidente fundador de Cáncer Warriors de México y consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control de Cáncer (UICC), solicitó invertir mayores recursos, en particular para enfermedades crónicas no transmisibles: cáncer, hipertensión, diabetes y demás padecimientos.
En México, añadió, hay una prevalencia de 23 mil casos de niñas, niños y adolescentes con cáncer, una incidencia de 5 mil nuevos casos por año y más de dos mil fallecimientos anuales; es decir, cada 4 horas pierde la vida un menor y adolescente por estas circunstancias. La detección tardía es de los principales problemas. El presupuesto bajó y se necesitan más especialistas e instituciones de atención.
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