El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana organizó el foro 5: Sentencias, medios de impugnación y régimen transitorio, en Morelia, Michoacán
En el Quinto Foro de Justicia Cotidiana «Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis», realizado en Morelia, Michoacán, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), afirmó que es indispensable un enfoque de derechos humanos en los juicios y las sentencias que dicta el Poder Judicial, para garantizar el derecho de todas y todos a la justicia.
Este foro es el último efectuado en el interior del país, con el cual se han alcanzado las 32 entidades federativas y hasta el momento se han escuchado a 31 ponentes integrantes de la academia, litigantes, jueces y magistrados, así como servidores públicos locales y federales.
En esta ocasión se abordaron temas relativos a las sentencias con perspectiva de derechos humanos, los medios de impugnación y el régimen transitorio. Michoacán fue el anfitrión de Colima, Hidalgo y Estado de México.
Durante la inauguración, la diputada Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, apuntó que es necesario aplicar protocolos específicos para abatir las desigualdades y que los justiciables tengan oportunidades reales de hacer valer sus derechos.
Refirió que las condiciones de pandemia impidieron o hicieron más difícil el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígena y afromexicanos, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y con otras condiciones de vulnerabilidad. Además, se identificó la violencia familiar en el tercer tipo de casos que se plantean ante la justicia estatal, detrás de robo y narcomenudeo.
Por ello, esta nueva ley debe reconocer la realidad de cada entidad federativa y sus poderes judiciales, subrayó.
Comentó que la propuesta de iniciativa elaborada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y el Senado, contempla una vacatio legis (periodo entre la publicación de una norma y el momento en que inicia sus efectos) de 8 años.
Con el objetivo, dijo, para adecuar la normatividad estatal, la infraestructura y el diseño institucional de los poderes judiciales, para lo cual contará con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación para su implementación.
A nombre de la Junta de Coordinación Política, la diputada Adriana Campos Huirache (PRI) sostuvo que en materia de justicia cotidiana sigue pendiente la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que homologue las normas que están dispersas en 33 ordenamientos.
Es buen momento para terminar con esta tarea no sólo porque es la convicción de todos los participantes, sino porque pesa la sentencia del Poder Judicial Federal, la cual debemos y estamos obligados a cumplimentar.
Expresó su deseo de sumarse a cualquier esfuerzo parlamentario dirigido hacia este fin, partiendo del actual entorno como el intenso intercambio económico, interés superior de los menores, respeto a las prerrogativas de las mujeres, nuevos modelos de familia, uso de tecnologías de la información en tribunales y ensanchamiento de nuevas libertades.
El diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, señaló que el Código Nacional forma parte de un esquema de derechos humanos, entre ellos la movilidad de migrantes y los desafíos para los países que enfrentan estas olas de personas que salen de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. «Los derechos humanos es el tema de temas en la actualidad porque se vinculan entre todos» en el marco de la justicia cotidiana vinculado a todas las actividades realizadas cada día.
Celebró que el Congreso de la Unión lo aborde a través de foros abiertos a la participación de los sectores y se conozcan las propuestas en materia civil y familiar, además de lograr que el aparato de justicia se mueva en beneficio de las poblaciones más vulnerables, que son los más pobres.
Al dar la bienvenida, Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Michoacán, señaló que se requiere repensar y platicar con la sociedad el procedimiento de declaratoria legal de ausencia para desaparecidos, cómo, hacia dónde y definir de qué manera sus familias pueden seguir gozando de sus pensiones. Agradeció la intención de sumar las experiencias de las entidades federativas en este nuevo marco jurídico y atender la necesidad de justicia de los grupos vulnerables.
Raúl Aarón Romero, representante del Poder Judicial del Estado de México hizo votos por que en este nuevo código se respete el derecho de familia, que tiene un sentido social y público distintos a la materia civil. También se diseñe un código único en cada materia. Planteó que «buenos jueces y buenas leyes sería un binomio excelente ante la problemática social que vivimos», porque la sociedad está pendiente de la actuación judicial y se respete el Estado de derecho.
Mario Alberto García Herrera, fiscal de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General de Michoacán, aseguró que la actuación de la Fiscalía privilegiará las investigaciones con perspectiva de género, inclusión y el interés superior del menor. Estaremos atentos al desarrollo de los trabajos legislativos que se desarrollen para coadyuvar en los mismos, garantizó.
Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos y Población del gobierno de Michoacán, sostuvo que una deuda pendiente es el pago de las pensiones alimenticias; es una de las materias más dolorosas en términos sociales porque se vincula con el interés superior de la infancia en todas las modalidades de familia que existen actualmente.
Participación de especialistas
En la mesa: sentencias (lenguaje accesible, perspectivas de justicia para grupos vulnerables), Yaopol Pérez Amaya, magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consideró que el código es novedoso y adelantando, basado en principios que darán muchos beneficios, dando más oportunidades para adecuar el proceso judicial a casos concretos, a través de una estructura de reglas generales cerrando los criterios interpretativos de la Corte para emitir la sentencia de forma más ágil.
Daniel Mora Ortega, investigador en derecho parlamentario, dijo que el nuevo código es un cambio de paradigma. Propuso incluir en el artículo primero los conceptos de accesibilidad, diseño universal y ajustes necesarios, para que los poderes judiciales federal y estatales los consideren como principios. También, un catálogo de normas, técnicas de infraestructura, telecomunicaciones y demás tipos de accesibilidad aplicables para cada tipo de discapacidad, a cuyas personas se les consulte.
Patricia Olamendi Torres, abogada feminista, consideró oportuno diseñar dos códigos: uno en materia familiar y otro, civil. Al primero, dotarlo de un procedimiento accesible, ágil y expedito con la tutelada de los derechos humanos de quienes están en conflicto, reconociendo el principio de igualdad, que no existe, con una perspectiva de género, de la niñez y establecer un sistema probatorio interdisciplinario. Creación de juzgados mixtos para atender violencia familiar.
Sergio Arturo Valls Esponda, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, subrayó que la esencia de esta reforma es materializar y hacer efectivos los derechos civiles y familiares, a través del proceso en el cual se debe privilegiar la conciliación o acuerdos y que la sentencia en oralidad se dé en la audiencia.
Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados, propuso privilegiar el convenio de mediación en todos los litigios y convertirlo en un requisito, para disminuir la carga de asuntos en los tribunales en un marco de cultura de la paz e invitar a la gente a mediar y «no pelear». Propuso que los mediadores privados se sumen a ese modelo en la figura de probono y que los exhortos sean vía digital.
En la mesa medios de impugnación y régimen transitorio en lo que será la homologación nacional en esta materia, el magistrado Ricardo Domínguez Carrillo, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, propuso que el Código Nacional cumpla con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores respecto a la protección de los derechos de custodia del menor como interés superior para que se imponga al juez la obligación de actuar con urgencia y celeridad -en un plazo de seis semanas- para determinar su legal custodia y que el infante sea localizable, no trasladado a un país distinto o retenido ilícitamente.
Por su parte, la magistrada Diana Mota Rojas, presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, señaló que son confusos los términos judiciales del Código Nacional, lo que complica su computación; además, propuso reducir el catálogo de apelaciones, erradicar los términos comunes judiciales y eliminar la recusación con causa, ya que retarda la impartición de justicia.
Ligia Claudia González Lozano, de la Barra Mexicana de Abogados y que forma parte del cuerpo técnico revisor de la propuesta del Código Nacional, propuso definir el orden público cuando se trata de sentencias del extranjero y determinar el tipo de derecho aplicable o derecho a probar, cuando se reconozcan sentencias o resoluciones que provienen de tribunales de carácter comunitario o indígena, que reconocen constitucionalmente los usos y costumbres de los pueblos.
En el régimen transitorio, la abogada postulante Miriam Silva Mata, planteó que la implementación de este Código Nacional debe ir con un soporte financiero presupuestal que contemple la modernización de edificios con salas de juicios orales, capacitación de funcionarios, tecnología con servidores y digitalización de los expedientes para un sistema judicial eficaz y expedito que contribuya a las inversiones, ya que el Poder Judicial brinda estabilidad social y certeza patrimonial a los grupos vulnerables o que sufren violencia.
Marco Vinicio Aguilera Garibay, secretario general del Colegio de Notarios de Michoacán, se pronunció por emplear un mismo «Toca» en los casos del Código Nacional; además, que las facultades de Derecho deben actualizar sus planes de estudio dentro los 8 años que se requiere para la implementación de este Código.
Tras la conclusión del Foro, la diputada Alavez Ruiz resumió las propuestas aportadas por los panelistas y que serán revisadas por el cuerpo técnico y legisladores que impulsan estas reformas hacia un Código Nacional.
Entre las conclusiones, destacó que en los dictados de sentencia se debe contemplar la perspectiva de género, la supresión de que los niños y niñas acudan a juicio sino exclusivamente asista una representación; que los jueces deben explicar su sentencia de manera personal para los grupos de atención prioritaria y que se brinden todos los apoyos para personas vulnerables que sufren alguna discapacidad.
Además, se acordó que se requiere implementar una consulta ciudadana, acerca este Código Nacional, en las personas que integran los grupos de atención prioritaria para que conozcan todos sus derechos y obligaciones, que la mediación y los arbitrajes sean eficientes, de manera pronta y expedita, así como el requisito de procedibilidad en toda demanda excepto en casos de violencia sexual.
En los casos de sustracción de menores, dijo, se implementarán medidas cautelares para que el menor siempre sea localizable y, finalmente, que el Poder Judicial debe estar dotado de presupuesto para aplicar las reformas.
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