Un experto de la ONU en derechos humanos termina una visita al país centroamericano, donde reconoce el compromiso del gobierno con la implementación de un modelo alternativo de desarrollo, señalando las áreas en que debe mejorar para lograrlo, como reducir la desigualdad y estimular la conducta responsable de las empresas.
El relator especial* sobre el derecho al desarrollo afirmó este jueves que el gobierno de Honduras tiene la oportunidad de “desarrollar e implementar un modelo de desarrollo participativo” que responda a la pobreza, los conflictos sociales y las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático.
En un comunicado, Surya Deva detalló que ese modelo se basaría en el respeto al medio ambiente y, abundó, “debe construirse mediante la participación activa, libre y significativa de todas las personas, especialmente de los grupos marginados o vulnerables”.
Al término de una visita de once días al país centroamericano, Deva destacó los avances del gobierno hondureño en la reducción de la pobreza y la tasa de homicidios y reconoció el compromiso del país de implementar un modelo alternativo de desarrollo.
El experto aplaudió esta determinación y expuso que, con el propósito de concretarla, Honduras debe dar pasos decisivos para mejorar la ley y el orden públicos, aumentar la transparencia, reducir la desigualdad y promover la conducta responsable de las empresas.
Mujeres, pueblos indígenas y afrohondureños
Garantizar un desarrollo inclusivo, sostenible y armonioso conlleva retos enormes, dijo Deva, porque, entre otras cosas, supone no dejar a nadie atrás.
Además, el relator especial argumentó que el gobierno debe asegurarse de que los pueblos indígenas tengan acceso al agua, la salud, la educación, la energía y el empleo.
El experto enfatizó también que las mujeres y los afrohondureños deben poder hacer realidad sus aspiraciones de desarrollo “sin temor a ningún tipo de discriminación, acoso o violencia”.
Recordó que nadie debe morir o sufrir intimidación por proteger la naturaleza y la tierra.
En este sentido, enfatizó que el país debe poner fin a la criminalización de los defensores de los derechos humanos medioambientales y de las comunidades indígenas.
“También debe expedir títulos de propiedad de la tierra a los pueblos indígenas y conceder licencias para proyectos sólo después de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, puntualizó.
Sistema tributario
Por otra parte, explicó que el país debe tomar medidas “más contundentes” para controlar la economía de los narcotraficantes y construir infraestructuras resistentes.
Para hacer frente a la carga de la deuda nacional, consideró que el gobierno necesita generar más recursos por medio de impuestos progresivos, acabando con las exenciones fiscales para las empresas, solicitando subvenciones a los socios de desarrollo y negociando canjes de deuda por medidas climáticas.
Responsabilidad empresarial
Con respecto a las empresas, Deva recomendó al gobierno de Honduras construir un consenso entre todos los actores implicados para crear las condiciones que propicien una conducta empresarial responsable.
Agregó que todas las empresas que operan en Honduras deben cumplir las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y cambio climático.
“En lugar de exigir miles de millones de dólares a través de demandas de arbitraje, los inversionistas extranjeros deben apoyar los esfuerzos legítimos del gobierno para proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó el experto.
El relator especial presentará al Consejo de Derechos Humanos el informe completo de su visita y recomendaciones a Honduras en septiembre de 2025.
* Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especialesdel Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual
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