Diputados y organizaciones de la sociedad civil admiten que México ha avanzado en la reglamentación de los derechos del niño; sin embargo, no se ha destinado el presupuesto suficiente para que las normas legales se cumplan.
Durante el Conversatorio sobre “Presupuestos Públicos”: ¿Cómo los gobiernos deberían invertir el dinero a favor de los derechos de niñas y niños?, afirmaron que es necesario invertir más en la infancia, ya que es económicamente rentable.
En el evento organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez, su presidente, diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD), reconoció que se ha trabajado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permitió contar con una normatividad apegada casi completamente a la Convención de los Derechos del Niño en muchos aspectos, y cumplir con los tratados internacionales.
Sin embargo, enfatizó que para instrumentar esta ley se necesitan recursos y “es el pequeño detalle que se le ha pasado al gobierno de la República tomar en cuenta y al propio Legislativo, que es la instancia que aprueba el presupuesto”.
Subrayó que el país pasa por una situación económica complicada, pero debe existir sensibilidad en los diputados para que se destinen recursos presupuestales suficientes para este sector de la sociedad, que es obligación del Estado mexicano atender.
Por su parte, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) comentó que “es más fácil aprobar en este Congreso una iniciativa que va dirigida a las personas en edad de votar, que pensar en las próximas generaciones”.
Admitió que hay mucho por hacer, a pesar de lo que se ha avanzado, como erradicar la violencia contra la niñez en la sociedad y atender a los menores migrantes.
Por ello, dijo, se trabaja para tener un mayor presupuesto y tener normas más realistas, de avanzada, que permitan cumplir los compromisos del Estado mexicano.
Jorge Cardona Llorens, integrante del Comité de los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó que México está en la mejor situación de toda su historia respecto del marco normativo de los derechos de los niños. “Nunca había estado tan bien”.
Detalló que se ha elevado a rango constitucional la Convención de los Derechos del Niño, se ha introducido el interés superior del menor, y “felicito a México por su excelente ley general de protección”, así como por las normas estatales que complementan esa ley.
Incluso, agregó, “los niños son el único grupo que se encuentra con un derecho de prioridad en el Sistema Jurídico y se ha creado todo un mecanismo integral de protección; por lo tanto, nunca habían estado tan bien en las normas”
Sin embargo, resaltó que “no puede ser que esto quede en el papel”, hay que garantizar recursos suficientes para que eso se materialice, y si hay recortes, deben cumplirse las condiciones y demostrar que se están efectuando.
Cuestionó cuál es el análisis que se realiza para que exista un recorte presupuestal en el tema de la infancia, cómo se garantiza que no afecte a los niños en mayor vulnerabilidad y cómo se demuestra que son las medidas necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminatorias y temporales.
El representante de la ONU resaltó que es el Poder Legislativo el que adopta las decisiones presupuestarias, diseña los montos y los aprueba, por lo que deben velar porque se respeten los derechos de los niños a través de los presupuestos.
Subrayó que “invertir en la infancia es económicamente rentable”, se ahorra mucho en salud porque se previenen enfermedades y, en educación, se tendría personas más preparadas y con un trabajo de mayor calidad, por lo que se tendrán más ingresos. Además, es “políticamente conveniente” porque si no se invierte en infancia se creará una sociedad inequitativa, desigual, que terminará trayendo problemas sociales.
La coordinadora general de la Organización de la Sociedad Civil “RIRIKI”, Nashieli Ramírez Hernández, reconoció que es un año difícil presupuestalmente, “pero lo que implica el interés superior constitucional en nuestro país es que los esfuerzos se tienen que dedicar a las niñas, niños y adolescentes”.
Pidió a los diputados dar la lucha por el presupuesto del próximo año para esta área, así como que el recurso que se asigne sea bien distribuido y eficazmente gastado.
En su turno, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, señaló que las políticas públicas y las leyes sin presupuesto se convierten en demagogia.
Estimó que es algo que se debe tener siempre en la mesa porque el Estado mexicano tiene obligaciones, no sólo internacionales, sino también porque el 53 por ciento de la población menor de 18 años, está en pobreza; entre los niños indígenas, 8 de cada 10 son pobres; se tiene una tasa de embrazo muy alta de embarazo temprano, y 2.5 millones de niños trabajando.
Eso no va a cambiar sin presupuesto y sin que las instituciones que les corresponde atender esta tarea cuenten con personal capacitado, recursos suficientes y el marco de legal para lograrlo, agregó.