El espionaje de los mensajes personales de las personas contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, enfatizaron este miércoles dos expertos* en la materia ante las informaciones que indican que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habría jaqueado la cuenta de WhatsApp del propietario del periódico Washington Post y presidente de la compañía Amazon, Jeffery Bezos en mayo de 2018.
Los relatores especiales de la ONU en ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, y en el derecho a la libre expresión y opinión, David Kaye, expresaron gran preocupación por las denuncias de la instalación de software en el teléfono del empresario para vigilar sus mensajes precisamente cuando el periodista saudita Jamal Khashoggi era un prominente columnista del Washington Post. En octubre del mismo año, Khashoggi fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul.
“La información que hemos recibido sugiere la posible implicación del príncipe heredero en la vigilancia electrónica de Bezos con la intención de influir, si no silenciar, los reportes del Washington Post sobre Arabia Saudita”, dijeron los expertos en un comunicado conjunto en el que explicaron que estas denuncias se suman a otras de jaqueo de opositores y de personas nacionales o extranjeras que suponen una importancia estratégica para las autoridades sauditas.
Acusaciones relevantes
Callamard y Kaye consideraron que estas acusaciones son relevantes en la evaluación que se realiza actualmente sobre el involucramiento del príncipe en el asesinato del periodista del Washington Post.
El jaqueo a Bezos y a otras personas requiere una investigación inmediata por parte de Estados Unidos y de otras autoridades relevantes, y debe incluir pesquisas sobre el involucramiento personal y directo que ha tenido el príncipe heredero durante años en la intimidación de opositores, afirmaron los expertos, quienes tuvieron acceso al análisis forense del teléfono móvil de Bezos.
Dicha información reporta que el celular fue intervenido en mayo de 2018 con un archivo de video enviado desde la cuenta de WhatsApp del príncipe.
Campaña clandestina
Los relatores indicaron que mientras que las autoridades sauditas presuntamente investigaban el asesinato de Khashoggi y procesaban a los responsables, también realizaban en internet una campaña masiva clandestina contra Bezos y Amazon, precisamente por ser el dueño del Washington Post.
“Las circunstancias y el momento del jaqueo y espionaje a Bezos refuerzan la necesidad de que Estados Unidos y otras autoridades relevantes sigan investigando las alegaciones de que el príncipe heredero ordenó, incitó o por lo menos estaba al tanto del plan de asesinar a Khashoggi en Estambul y no hizo nada para evitarlo”, puntualizaron.
Necesidad de regulación
Del mismo modo, los expertos destacaron que, de ser verdad, este caso de espionaje mediante software desarrollado y comercializado por una compañía privada y transferido a un gobierno sin control judicial de su uso es un ejemplo concreto del peligro de la venta irrestricta de ese tipo de tecnología.
“La vigilancia con instrumentos digitales debe estar sujeta al control más riguroso de autoridades judiciales y regulaciones nacionales e internacionales de control de exportaciones para que no sea fácil su abuso y así proteger a los individuos. Esto resalta la necesidad urgente de una moratoria a la venta y transferencia mundiales de tecnología privada de espionaje”, concluyeron Callamard y Kaye.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y vigilancia del Consejo de Derechos Humanos que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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