Nueve expertos independientes* han condenado “las violaciones sistemáticas y generalizadas” denunciadas durante las protestas que han tenido lugar en los últimos meses en Venezuela.
En un comunicado publicado en Ginebra, los relatores especiales se muestran “profundamente preocupados por el rápido deterioro de la situación económica, social y política” en el país sudamericano y piden “a las autoridades que tomen medidas urgentes e inmediatas para enfrentar esta compleja crisis, con el pleno respeto de sus obligaciones internacionales de derechos humanos".
Los expertos observan que las libertades de expresión y reunión son esenciales para que las preocupaciones y necesidades legítimas de los ciudadanos, entre ellas las relacionadas con los derechos humanos, sean atendidas.
“Hemos recibido denuncias constantes de un desprecio sistemático y generalizado de los derechos humanos demostrado por las autoridades venezolanas durante la represión de los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. Pedimos al Gobierno que respete y proteja el derecho a la libertad de reunión pacífica y que aborde las causas subyacentes de las manifestaciones", señalan en el comunicado.
Los manifestantes protestan por la falta de acceso a servicios básicos, como salud, medicamentos, alimentos y agua, y piden un cambio democrático.
Detenciones, asesinatos y torturas
La represión en curso contra ellos ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas, según los datos recopilados por los relatores que indican que, entre el 21 y el 29 de enero, más de 1000 personas, entre las que figuran menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente en relación con las protestas.
De acuerdo con las denuncias, la mayoría de los detenidos permanecieron incomunicados durante días, sin acceso a la familia ni a la representación legal.
"Estamos particularmente preocupados por los informes que indican que 26 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares progubernamentales cuando participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero", declaran los expertos, que añaden: las fuerzas de seguridad supuestamente han usado munición real, balas de goma y perdigones contra las multitudes.
Según esas mismas denuncias, los hospitales del país carecían de recursos médicos suficientes para tratar a los heridos.
Los periodistas y las comunidades indígenas objetivo específico
La prensa ha sido un blanco específico de las autoridades venezolanas de acuerdo con las informaciones recogidas.
Solo el 23 de enero, 17 periodistas denunciaron ataques, detenciones y confiscación de equipos. Ese mismo día, se interrumpió el acceso a las redes sociales y las autoridades civiles y militares allanaron tres medios de comunicación, lo que provocó la destrucción y el decomiso de los equipos que impedían la transmisión de las emisoras.
En total 48 periodistas han sido objeto de detenciones arbitrarias, ataques y confiscación de equipos, entre finales de enero y la primera semana de marzo.
También en las comunidades indígenas ha habido una serie de lesiones y muertes presuntamente resultantes del uso de municiones reales por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén.
Investigación inmediata e imparcial
"Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva de todas las muertes ocurridas durante las protestas en curso, y la liberación de todos aquellos que han sido detenidos por ejercer legítimamente sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica", indican los expertos.
También instan al Gobierno a tomar medidas inmediatas para remediar la situación, permitiendo que se escuchen voces críticas y disidentes en Venezuela, sin temor a represalias, amenazas, violencia u otro tipo de hostigamiento.
Preocupación por detención Marrero
Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado a través de un tweet su preocupación por la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, por parte de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
“Instamos al Gobierno a respetar estrictamente el debido proceso y a revelar de inmediato su paradero”, solicita la Oficina.
A la preocupación se unió Farhan Haq, portavoz del Secretario General, António Guterres, quien retiró su llamado “a todos los actores para tomar medidas inmediatas para reducir las tensiones y evitar cualquier acto que pueda elevar la situación”
El portavoz destacó que independientemente de los informes sobre los derechos humanos, la ONU considera que es “crucial que exista un diálogo para ayudar a las partes a dar un paso atrás del umbral de una mayor escalada” y añadió que “nadie quiere ver que la sociedad se hace pedazos en forma alguna”.
Boletín de prensa de la ONU