El pasado martes 24 de noviembre, los yucatecos amanecimos con el tempranero anuncio del Gobernador de Estado Rolando Zapata Bello con relación a la eliminación del pago de la tenencia vehicular en nuestro estado Yucatán. Una noticia de gran impacto y envergadura por ser un anhelo ciudadano la abolición de un impuesto que inhibían el desarrollo y mejoramiento del parque vehicular y la seguridad de la entidad.
Sin embargo, la noticia que rápidamente se viralizó en las redes sociales fue el accidente de una joven de 18 años, que por imprudencia al usar el celular mientras manejaba un vehículo provocó un inusitado hecho de tránsito: terminó impactada en la escalera eléctrica de la plaza Altabrisa en la zona norte de Mérida, Yucatán.
Este caso mereció la atención de los usuarios de las redes y de la mayoría de los meridanos siendo el suceso del día. No había nadie que no conociera el caso y opinará al respecto. Lamentablemente para la involucrada, que fue detenida en el mismo lugar de los hechos, por la edad y la magnitud de los daños, pero sobre todo por las características del accidente, se dio un linchamiento viral en quienes somos parte de las redes sociales. Al final del día, los “memes” resultaron famosos a nivel nacional e internacional.
Aunque estamos ante la evidente responsable de un hecho delictivo, si partimos del principio de presunción de inocencia, la causante de este accidente no merece ser tratada por la sociedad como una criminal sobre la cual caiga el peso de la ley y el desprecio de la sociedad. La sociedad lapidó no con piedras, sino con mensajes, post, publicación, memes… un ciberbullying en contra de una persona que simplemente cometió una imprudencia.
Este suceso nos debe mover a la reflexión de cuanto nos falta avanzar para realmente constituir una sociedad donde se respete la responsabilidad legal de un presunto culpable, el principio de presunción de inocencia. Es cierto que hay una imprudencia que surge de una inmadurez en la chica. Pero aún no se dado el proceso para ya determinar la verdad legal sobre la histórica y así estar seguros de todas las variables del hecho y contexto que provocó la responsabilidad penal o civil del caso.
Pero la sociedad ya parece que juzgó, y al mismo tiempo, condenó a la presunta responsable. No hay más prueba que el hecho y de los dimes y diretes que surge del “chisme social”, de lo que se alcanza conocer de la carpeta de investigación, peritajes y del proceso mismo.
¿Estamos entonces los ciudadanos preparados para enfrentar los retos que nos provoca la instrumentalización del nuevo sistema penal acusatorio?
Hay cosas que tenemos que reflexionar…