MADRID, 21 oct (Reuters) – España anuló el viernes 33 títulos nobiliarios entregados por el dictador Francisco Franco y su sucesor, el rey emérito Juan Carlos, a sus altos cargos leales y a familiares, al entrar en vigor la nueva ley de «Memoria Democrática».
La medida afecta a dos nietos de Franco, así como a los descendientes de varios de sus principales generales, ministros y otros altos cargos.
Franco gobernó España de 1939 a 1975, tras encabezar un golpe de Estado contra el Gobierno de izquierdas del Frente Popular elegido democráticamente durante la Segunda República española, que dio lugar a una guerra civil de tres años que se cobró 500.000 vidas.
La ley, que acaba de superar el último obstáculo parlamentario en el Senado español, equipara el «exaltación de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad» con la humillación de las víctimas del régimen franquista, y elimina los títulos que exaltan la guerra civil y la dictadura militar.
Aunque la mayoría de los títulos fueron concedidos por el propio Franco como premio a la lealtad a su figura, cinco personas afectadas por la ley fueron ennoblecidas por su sucesor en la jefatura del Estado, el rey emérito Juan Carlos I, en los primeros meses de su reinado tras la muerte del dictador.
Francisco Franco Martínez-Bordiú, el mayor de los nietos varones del dictador, que heredó el señorío de Meirás de la viuda de Franco, Carmen Polo, calificó la abolición del título de «mamarrachada que no tendrá ningún efecto práctico» en una entrevista concedida en julio al diario El Independiente.
«Seguiré siendo señor de Meirás aunque el Gobierno no lo reconozca», dijo.
Su hermana, Carmen Martínez-Bordiú, será despojada del Ducado de Franco, otorgado por Juan Carlos I a la única hija de Franco poco después de que el militar muriera a finales de 1975.
Otros afectados por el proyecto de ley son los familiares del fundador del partido fascista Falange, José Antonio Primo de Rivera, y los descendientes de los generales Gonzalo Queipo de Llano y Juan Yagüe, que ordenaron masacres de civiles en las ciudades de Sevilla y Badajoz, respectivamente.
Catorce años después de que España aprobara su primera Ley de Memoria Histórica, la nueva legislación impulsada por el Gobierno de centro-izquierda pretende eliminar lagunas, así como abarcar un mayor número de víctimas y crímenes relacionados con el franquismo.
También promueve la búsqueda y exhumación de las víctimas enterradas en más de 3.000 fosas comunes documentadas. Al menos 114.000 civiles desaparecieron forzosamente durante la guerra y la posterior represión, según una sentencia judicial de 2008.