La reciente admisión por parte del presidente del Senado, el senador Fernández Noroña, sobre la existencia de candidatos a jueces federales con presuntos vínculos con el narcotráfico, ha encendido las alarmas sobre la viabilidad y las consecuencias de la reforma judicial impulsada por la llamada Cuarta Transformación (4T). Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado minimizar el impacto de esta revelación, argumentando que se trata de un número reducido de casos, esta autodescalificación gubernamental plantea una interrogante fundamental: ¿marca este reconocimiento el principio del fin para la ambiciosa reforma judicial de la 4T?
Exposición del tema
La propuesta de someter la elección de jueces al escrutinio popular se ha presentado como un ejercicio de democratización de la justicia. Sin embargo, esta apertura conlleva riesgos intrínsecos que han sido advertidos por diversos sectores de la sociedad. Uno de los más relevantes es la innegable politización de la estructura del poder judicial. En un entorno donde las redes sociales y los medios digitales amplifican la información y moldean la opinión pública, las percepciones ciudadanas se convierten en un factor determinante, capaz de influir en la imagen y la credibilidad de las futuras instancias legales.
Argumento 1: El peligro de la justicia populista
Como bien se ha señalado, la función primordial de un juez reside en la aplicación de la justicia basada en criterios de interpretación judicial, no en la búsqueda de la aprobación popular. Los juzgadores no son representantes electos; su legitimidad emana de su conocimiento del derecho y su capacidad para aplicar la ley de manera imparcial. Resulta peligroso, por tanto, que las decisiones judiciales se fundamenten en los deseos de una mayoría circunstancialmente movilizada por narrativas políticas, en lugar de la estricta observancia del marco legal. Esta deriva hacia una justicia populista amenaza con socavar los pilares del estado de derecho.
Argumento 2: El desequilibrio de poderes y la hegemonía ideológica
La politización del poder judicial, lejos de democratizarlo, podría inclinar la balanza hacia los intereses del gobierno en turno. Escudándose en una supuesta voluntad popular, existe el riesgo de que las decisiones judiciales se ajusten a la agenda política dominante, comprometiendo el sistema de contrapesos esencial para una democracia funcional. La experiencia política nos enseña que la concentración de poder en un solo órgano, incluso bajo la justificación de una legitimidad popular directa, puede erosionar la autonomía de otras instituciones y poner en riesgo la división de poderes.
Argumento 3: La mancha indeleble de la sospecha
La admisión de vínculos entre algunos candidatos y el narcotráfico no es un asunto menor. Más allá del número de casos señalados, esta revelación empaña la legitimidad del proceso de selección desde su origen. Reconoce, de facto, una vulnerabilidad que se había advertido desde la presentación de la iniciativa: la posibilidad de que el crimen organizado infiltre las estructuras judiciales a través de la vía electoral. Esta sombra de duda mina la confianza ciudadana en un sistema judicial que aún no ha nacido.
Para concluir
Si bien se reconoce la dificultad de revertir el curso de esta reforma, es crucial señalar los riesgos inherentes a un modelo que parece priorizar la legitimidad popular sobre la independencia judicial. Ante la falta de mecanismos claros y efectivos para blindar al poder judicial de la influencia política y de una opinión pública fácilmente manipulable, la ciudadanía se erige, paradójicamente, como el último garante de la rendición de cuentas. Serán las redes sociales y las iniciativas de la sociedad civil quienes, con el tiempo, evidenciarán los errores de una reforma que, en su afán de democratizar la justicia, podría terminar politizándola y debilitándola irremediablemente. Los riesgos son muchos, y lamentablemente, la factura de estos errores la pagaremos todos.