Notipress.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) alcanzó una tasa de éxito del 78% en litigios durante el primer trimestre de 2024, un notable aumento en comparación con el 69% registrado en 2023 y el 59,4% en 2022. Este logro representa un cambio en la defensa jurídica del país, tradicionalmente dominada por abogados y empresarios oportunistas que buscaban demandar al Estado.
Con una fuerza de casi 200 juristas, la ANDJE se ha consolidado como la oficina de abogados más grande de Colombia en términos de número de procesos, montos de pretensiones y número de litigantes.
Ahora podemos ver cómo va cada proceso y cuáles son las estadísticas por tribunal”, explicó un funcionario de la ANDJE, destacando el uso de inteligencia artificial, minería de datos y analítica como herramientas clave para mejorar los resultados.
En el primer trimestre de 2024, la ANDJE enfrentó 19 litigios en tribunales nacionales, ganando 12 y perdiendo solo 7, lo que resultó en un ahorro de 100 mil millones de pesos para las arcas del Estado. Este éxito no solo representa una victoria jurídica, sino también un alivio financiero significativo para el gobierno, que en años anteriores tuvo que recurrir a medidas financieras extraordinarias para pagar onerosas pretensiones.
La ANDJE también ha tenido éxito en el ámbito internacional, ganando procesos contra multinacionales y grupos empresariales. Un ejemplo notable es el caso Meritage, en el que la ANDJE logró evitar un pago de casi 300 millones de dólares (más de un billón de pesos) al acoger la figura de la Excepción de Seguridad Esencial, contemplada en tratados y convenios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta fue la primera vez en la historia que un país se acogió a esta medida de excepción en un tribunal arbitral en Washington.
Además, la ANDJE ha coordinado esfuerzos con más de 250 oficinas jurídicas de otras entidades estatales para mejorar la capacidad de respuesta en los 342.707 casos activos por un valor de 633 billones de pesos. Estos casos incluyen demandas por actividades de minería en el páramo de Santurbán, donde un tribunal internacional reconoció que la prohibición de estas actividades es un acto soberano y legítimo del Estado colombiano dirigido al interés común y la protección del medio ambiente.