Con el fin combatir la malnutrición de la niñez en zonas de alta pobreza, exclusión y carencia social, la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia analiza una iniciativa que propone la creación de centros de atención nutricional que brinden, también, apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria.
En su propuesta, que reforma los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (Morena) plantea, asimismo, combatir las enfermedades asociadas a la nutrición deficiente en infantes, con estrategias, programas y metodologías que incluyan a las familias y centros educativos, “con lo que se hará posible establecer la alimentación nutritiva como un derecho obligatorio para la infancia”.
En la exposición de motivos, se cita que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM)- 2015, al menos uno de cada ocho niños menores de cinco años tiene baja talla moderada para su edad (desnutrición leve) y uno de cada 40 baja talla severa (desnutrición crónica), que son trastornos capaces de ocasionar impactos negativos, a menudo irreversibles, en su desarrollo cerebral y psicomotor, causando daños en la capacidad de aprendizaje y crecimiento.
La iniciativa de Martínez Aguilar, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que debido a la malnutrición nuestro país ocupa el primer lugar del mundo en obesidad infantil, y asegura que, 33.2 por ciento de niñas y niños, entre 6 y 11 años, sufre trastornos de este tipo. Dicha problemática impacta en la calidad y esperanza de vida no sólo de la niñez sino de toda la población, señala.
Detalla que la dieta pobre comprende fenómenos como la subnutrición y sobrenutrición. Clínicamente, la primera se caracteriza por la falta de aportes vitamínicos y nutrimentos inorgánicos, como hierro y zinc, manifestándose en anemia, crecimiento ponderal inadecuado, emaciación y retraso en el desarrollo cognitivo, entre otras.
A su vez, la sobrenutrición se expresa en enfermedades como obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica (HAS), dislipidemias y otras enfermedades metabólicas. En este caso, apunta, los padecimientos son provocados por el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrimentos.
Por estas razones, la deficiencia o carencia de alimentos necesarios en la niñez, particularmente entre aquellos que viven en zonas rurales y/o indígenas es, sin lugar a dudas, asunto de salud pública.
Existe una relación directa entre los altos índices de insuficiencias nutricionales y ausencia e incapacidad del Estado para garantizar, particularmente en las zonas más marginadas y desposeídas, el pleno ejercicio de los derechos más elementales, incluido el de la salud y alimentación, sustenta el documento.
En las últimas décadas, refiere, se han conseguido avances significativos en los esfuerzos para erradicar los distintos tipos de desnutrición infantil, entre los que destaca la aprobación, en 2014, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, estos progresos han sido lentos e insuficientes.
Ante ello, indica, es urgente implantar nuevas herramientas jurídicas, fortalecer a las instancias institucionales de atención y educación nutricional y construir infraestructura adecuada, para ofrecer servicios en la materia. Asimismo, estimó, es necesario que los gobiernos de todos los niveles incrementen esfuerzos para atender la desnutrición infantil, aumenten presupuesto para atenderla, y mejoren estrategias de análisis, diagnóstico y seguimiento.
La Cámara de Diputados debe considerar, entre sus prioridades más importantes, la atención integral e irrenunciable de niñas y niños garantizando el pleno ejercicio del derecho a la salud y a la nutrición, demanda Martínez Aguilar.
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