La prueba de alcoholemia que aplican las autoridades de seguridad y tránsito es la valoración que determina qué tanto alcohol hay en la sangre de un conductor midiendo la cantidad de esta sustancia en el aire que uno expulsa por medio de la exhalación. Esta prueba se aplica en los retenes que de manera aleatoria instala la secretaría de protección y vialidad, autoridad de movilidad y tránsito, en las principales avenidas o carreteras de la ciudad.

Un tema controvertido ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 se establece como un derecho humano fundamental el libre tránsito a menos que se tenga una razón avalada por un proceso judicial. Lo que no sucede en esa aleatoriedad de los retenes policiacos donde se detiene el vehículo y se exige al conductor aspirar en el dispositivo de alcoholemia para conocer el grado de alcohol en la sangre. Si no se cumple con la norma, el conductor es retenido junto con el vehículo.

¿Cabe la posibilidad de que un conductor no acepte aplicarse la prueba? ¿Cuáles serían las consecuencias de una negativa a realizar la prueba de alcoholemia?

De acuerdo con el reglamento de tránsito del estado de Yucatán, en su artículo 326 afirma que «Todos los conductores estarán obligados acceder a la aplicación de las pruebas que se establezcan para detectar posibles intoxicaciones derivadas del consumo del alcohol y de drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias análogas». Una prueba que se vuelve obligatoria en caso de algún hecho, incidente o accidente de tránsito.

¿Por qué se aplican estás pruebas?

Aunque ninguna ley se puede oponer a los fundamentos constitucionales y es claro y evidente la existencia del derecho de movilidad y de tránsito como lo evidenciamos anteriormente, es también una responsabilidad de la autoridad de seguridad y de tránsito proveer los mecanismos y operativos que eviten la pérdida de vidas y daños materiales a los usuarios de las vías públicas. La intención y objetivo de estos operativos de alcoholímetros son para la detección no solo del alcohol, sino también de psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias análogas. La finalidad es sacar de la circulación a quienes representan un peligro para otros usuarios que no consumen estas sustancias.

¿Cuáles son los límites del alcohol permitidos legalmente?

En el reglamento se establece que no se puede permitir en las vías públicas de la entidad la circulación de conductores que presenten una tasa de alcohol en la sangre superior a 0.080 miligramos por 100 mililitros o de alcohol en aire espirado superior a 0.40 miligramos/litro.

En el caso de los vehículos que están destinados al servicio público de transporte el reglamento es más severo ya que no permite ninguna cantidad en la sangre ni síntomas de aliento alcohólico perceptible. En este caso el agente debe proceder a la detención del conductor y remitirlo inmediatamente a la Secretaría para que sea sancionado.

Es por ello, que resulta difícil negarse a la aplicación de una prueba de alcoholemia, que no va contra el derecho de la movilidad ya que se pretende con ello la garantía de que la circulación en las vías públicas de la ciudad sean seguras para todos.