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Congreso de la Unión debe cumplir con la obligación de consultar a personas con discapacidad sobre leyes que les afecten: PRI

Es necesario construir un grupo técnico que diseñe el protocolo para la implementación de consultas a este sector, señala 

 

Palacio Legislativo, 04-08-2022 (Notilegis). – El PRI presentó, ante la Comisión Permanente, un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a cumplir con la obligación de consultar a las personas con discapacidad sobre leyes que les afecten.

El documento fue suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez y el diputado Mariano González, así como por los senadores priistas Claudia Anaya Mota y Jorge Carlos Ramírez Marín.

En un comunicado, la bancada explicó que esta consulta que establece la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que México forma parte, busca que las personas con discapacidad y sus asociaciones representativas sean tomadas en cuenta sobre sus necesidades y opiniones sobre las leyes que les afectan. 

Detalló que es necesario construir un grupo técnico que, aplicando una metodología, diseñe el protocolo para la implementación de consultas a personas con discapacidad, y sirva como guía en todos los procesos legislativos y de toma de decisiones.

Lo anterior, a fin de que este sector pueda participar y expresar su parecer sobre las leyes que le afecten directa o indirectamente en sus derechos e intereses, y así cumplir con los acuerdos en la materia signados por México ante la ONU, subrayó.

«Este protocolo resulta necesario debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado más de diez leyes y ordenado reponer el proceso legislativo porque no existe la consulta previa, ni se ha fomentado la intervención de personas con discapacidad, pese a que se tratan de derechos humanos y de obligaciones previstas en la Constitución. Preocupa cumplir con la Consulta Previa sobre la Ley de Educación que tiene plazo al 31 de diciembre de este año».

Advirtió que, en caso de no existir un protocolo, se corre el riesgo de que la SCJN continúe invalidando normativas, entre ellas el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por carecer de consultas previas.

Señaló que el Congreso de la Unión ha incumplido en esta obligación y no ha podido garantizar los derechos a la consulta y participación de las personas con discapacidad perjudicándolas. 

Por otro lado, los legisladores están proponiendo organizar y realizar un foro de análisis y debate con personas con discapacidad para «conocer y rescatar sus propuestas, sugerencias y preocupaciones relacionadas con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares». 

 

 

 

 

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