Participaron diputadas, diputados, funcionarios, especialistas e investigadores
Inversión en infraestructura resiliente, institucionalidad, gobernanza, transparencia y planeación de infraestructura, fueron los temas que diputadas, diputados, funcionarios, especialistas e investigadores abordaron en los paneles 2 y 3 del primer día de la Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Intervención de diputada y diputados
El secretario de la Comisión de Infraestructura, diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), expresó que, de acuerdo con la OCDE, los sistemas de infraestructura deben ser resilientes, capaces de adaptarse a nuevas circunstancias y estar orientados a perdurar en el futuro, a la aparición de riesgos críticos y a los cambios tecnológicos, ya que pueden afectar de forma importante a sectores y economías.
Dijo que en los últimos años y derivado de múltiples circunstancias como el cambio climático, los desastres naturales, el crecimiento de la población e incluso la pandemia de Covid-19, el país enfrenta serias adversidades que el Estado está llamado a atender con eficacia y eficiencia.
Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Infraestructura, indicó que la infraestructura juega un papel crucial para el desarrollo del país, y México requiere mejoras para que exista mayor bienestar. «La infraestructura no debe verse como obras aisladas, sino como parte de un sistema, cuyos elementos tienen un potencial considerable para fortalecer los pilares de los Objetivos de Desarrollo: sostenibilidad económica, ambiental y social».
Argumentó que, de acuerdo a especialistas, al aumentar la inversión en infraestructura podría incrementar el PIB mundial en alrededor 1.6 por ciento; el efecto podría ser más pronunciado en países como México. «La infraestructura juega un papel esencial en la preservación de la naturaleza, contribuye a la igualdad de género, debe ser resistente a las crisis y a las tensiones, brindar servicios esenciales a la sociedad y ser resiliente».
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), dijo que la infraestructura como motor del desarrollo económico del país es detonante de la generación en la cadena de empleo y garante de la protección social en los esquemas básicos de vivienda y servicios para la población vulnerable del país, por lo que constituye una de las actividades primordiales de la fiscalización y mejora continua.
«Coincidimos las y los diputados federales que el gasto en la infraestructura pública de un país detona el crecimiento económico, mayores posibilidades para que las y los mexicanos que se encuentran en condiciones más vulnerables tengan derecho a una mejor vida y que toda la infraestructura que se realice en el país cumpla con sus objetivos», agregó.
Panel 2
En el Panel 2 «Inversión en infraestructura resiliente: el triple dividendo», el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Enrique Guevara Ortiz, se manifestó por que el crecimiento y desarrollo de las ciudades no generen nuevos riegos que después se traduzcan en desastres; de ahí, la importancia de la vinculación con el ordenamiento territorial, desarrollo urbano, crecimiento y creación de infraestructura resiliente, para evitar los desastres del futuro y muertes.
Consideró necesario invertir mayores recursos en la prevención y legislar para que la gestión de riesgo sea transversal y se incorpore en la toma de decisiones en todos los sectores, para tener un territorio seguro, sostenible y resiliente, ya que de 2000 al 2021 el sector más afectado por los desastres, fue el carretero; en los últimos 20 años, el 80 por ciento de los desastres y pérdidas están asociados a fenómenos hidrometeorológicos, y a 3 mil muertes y 38 millones de personas afectadas.
Verónica González Sepúlveda, coordinadora de Resiliencia del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, explicó que la estrategia de resiliencia implementada considera cuatro pilares: inclusiva, próspera, integrada, y adaptada, relativa al tema ambiental. Estimó que se tiene que legislar viendo todas las necesidades que hay, establecer modelos específicos y analizar que todas las ciudades son diferentes.
El vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, Oscar Cortés Reyna, destacó la conveniencia de aplicar el sistema de ENVISION, que evalúa la sostenibilidad de proyectos con diversos indicadores. Se pronunció por aprovechar esa metodología para detonar el cambio en la estructura de las ciudades. Es un criterio complejo, dijo, y una metodología que acredita y da la oportunidad de hacer las cosas bien.
Norlang Marcel García Arróliga, director general de Resiliencia de la Ciudad de México, dijo que la resiliencia de la infraestructura, es la capacidad de los sistemas (carreteras, puentes) para funcionar y satisfacer las necesidades de los usuarios durante y después de una emergencia o desastre. Asimismo, para incidir en infraestructuras más resilientes se deben aplicar y establecer normas y códigos de construcción cada vez más exigentes en todo el territorio nacional.
Del Comité de Financiamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. (CICM), Armando Moreno Ruiz explicó que entre el 48 y el 50 por ciento de la infraestructura dañada por desastres naturales se encuentra en municipios de alta marginación donde la población tiene más necesidad y se ve más afectada, por lo que, enfatizó, se requiere de una infraestructura resiliente, lo que incluye contar con los recursos para su recuperación con mejoras, además de la generación de información sobre los impactos y el grado de vulnerabilidad.
El coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Jorge Aguirre González, expuso que en el 50 por ciento de la República mexicana no hay reglamentos de construcción, pues es una atribución de los municipios, y se debe buscar que se cumplan. Afirmó que los sismos no se pueden prevenir y los estudios que se realizan es para tratar de informar cuáles podrían ser los movimientos de los sismos.
Arnoldo Matus Kramer, director ejecutivo de la consultoría Ithaca Environmental, estimó que el cambio climático es un tema importante a reflexionar en torno a la infraestructura, ya que su vida útil es de 50 a 30 años, la cual va a evolucionar en un mundo distinto, en el que el clima va a ser totalmente distinto. «La adaptación y la resiliencia se centran en evaluar cuáles son los riesgos de la localidad en particular y a partir de ahí generar estrategias para mitigar los riesgos y evaluarlos», añadió.
Panel 3
En el Panel 3 «Institucionalidad, gobernanza, transparencia y planeación prospectiva estratégica de los proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura transformadora», Jesús Felipe Verdugo López, director general de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aseguró que se necesita de un programa a largo plazo de infraestructura carretera que llegue hasta 2040 y no se aboque a una administración, priorizando los mejores proyectos y más eficientes cuando haya pocos recursos.
Añadió que se necesita hacer un diagnóstico de los 4 medios de transporte, ya que el 96.4 de pasaje se da principalmente en carreteras, además de 17 mil 500 millones de pesos para terminar obras en construcción. Resaltó la importancia del patrimonio vial del país.
Eduardo Gurza Curlein, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas y encargado de la subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, expuso que para asegurar que la infraestructura tenga un impacto positivo en la sociedad, resulta ineludible combatir la corrupción que tanto ha imperado en las contrataciones públicas, particularmente en las inversiones físicas.
Añadió que la obra pública representa una parte significativa del dinero de los contribuyentes y constituye un ámbito fundamental de la actividad económica estatal que se encuentra expuesto a la mala gestión de los recursos y al fraude. En 2019, dijo, las contrataciones gubernamentales representaron 998 mil millones de pesos, de cuales el 37 por ciento fue de obra pública, y las contrataciones deben asegurar las mejores condiciones disponibles sobre precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
El general brigadier, ingeniero constructor diplomado de Estado Mayor, Iván Hernández Uribe, afirmó que es un tema que se basa en los pilares de institucionalidad, gobernanza, transparencia y la visión prospectiva, para lograr una infraestructura transformadora. Explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional participa en diversas obras respetando esos objetivos.
Esteban de Jesús Figueroa Palacios, coordinador del Comité de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, señaló que los plazos de desarrollo de un proyecto, obra o programa de infraestructura «son de muy largo aliento, requieren mucho tiempo». Aseguró que cualquier proyecto de gran alcance requiere de muchos años de estudio y si acelera su proceso sin estudios completos, la línea base de referencia va a ser inexacta. Consideró que se requiere institucionalizar el proceso de planeación para poder dar las dos perspectivas: de largo plazo, estratégica y la táctica operativa.
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