La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó por 24 votos a favor y siete en contra, su opinión en sentido positivo de la Propuesta de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2022, que incluye el listado de Urbanas y Rurales.
En la opinión se incluye el proyecto de decreto de declaratoria, la nota metodológica sobre la determinación de éstas, el listado de Zonas de Atención Prioritaria y Urbanas 2022 y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal en materia de vivienda y de suelo para el Ejercicio Fiscal 2022, remitida por la Secretaría de Bienestar.
El diputado Rodrigo Fuentes Ávila (PRI) consideró que se requiere de la intervención del Estado independientemente de la ideología de gobierno; no obstante, la responsabilidad también recae en gobernadores y presidentes municipales.
La diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) dijo que el análisis de las zonas debe hacerse a nivel nacional, pues algunas no fueron consideradas y tienen que ser atendidas. “Debemos pensar a nivel general en todas las entidades, municipios y zonas rurales, así como indígenas donde falta más puntualidad”.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) aseguró que la metodología que se utilizó para determinar estas zonas no es arbitraria y es importante señalarlo debido a que la idea de incluir otro municipio sería incluir a todos los que cumplan características señaladas por algunos diputados; no obstante, lo que se busca es terminar con atenciones específicas que generaron clientelas electorales.
Del PRI, el diputado Miguel Sámano Peralta apuntó que sin duda las zonas de atención prioritaria son fundamentales para orientar esfuerzos y programas encaminados a reducir pobreza en áreas rurales y urbanas, por lo que al incluir las observaciones hechas por legisladores se fortalece esta opinión.
La diputada Noemi Salazar López (Morena) señaló que es relevante que los resultados para dichas zonas sean variables pues están los programas sociales en materia de bienestar que fueron elevados a nivel constitucional. Esta Comisión de Bienestar ha considerado la opinión de todos los legisladores, dijo.
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