El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales enfatiza en la aprobación de modificaciones en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos
Palacio Legislativo, 27-03-2023 (Notilegis). –El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó la aprobación del dictamen que reforma los artículos 38 y 120 de la Constitución para establecer la suspensión de los derechos ciudadanos a violentadores y deudores alimentarios.
«De las muchísimas iniciativas de igualdad sustantiva que han promovido las legisladoras, cuando menos en dos aspectos se pusieron de acuerdo los grupos parlamentarios, de ahí salió una reforma al artículo 38 y 102, la importante del 38, porque se suspenden los derechos ciudadanos para ocupar cargos públicos a violentadores, homicidas y quién no pagan alimentos a sus hijos o padres».
La reforma, que aún debe ser avalada por el Pleno cameral, tiene muchas aristas y repercusiones jurídicas, «más o menos, unos u otros grupos cedieron hasta llegar a una redacción que contentó a todos», misma que quedó en una reserva al dictamen que fue avalado por la mayoría, expuso.
En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado resaltó que, durante la 14° reunión de la instancia legislativa que preside, también se avalaron las propuestas que reforman los preceptos 55 y 91, en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos; y el artículo 33, para otorgar el derecho ciudadano de la libre manifestación de las ideas a extranjeros.
Comentó que se reduce a 18 años edad para poder contender por una diputación, y para senadores de la República y secretarios de estado a 25; para gobernadores estatales se mantiene la edad de 30 años
Explicó que los cambios al 33 surgen de una iniciativa que propuso el Ejecutivo, que no se aprobó en sus términos al modificar la prohibición de que los extranjeros participen en política, sino que se permita con limitaciones que marca la ley, como la libre expresión de las ideas.
Por otro lado, compartió que también se avalaron cambios a los artículos 73, 115 y 116 constitucionales para darle facultades al Congreso para que pueda legislar en materia de ordenamiento del desarrollo urbano en zonas metropolitanas, «porque cada vez hay más zonas grandes, el Valle de México es un ejemplo de eso».
También se reformó el precepto 19 de la Carta Magna para agregar el tráfico ilegal de armas como delito grave que amerita presión preventiva oficiosa. «Esta modificación es un recurso más para la política del Estado mexicano frente a los norteamericanos», dijo.
«Estamos estableciendo una restricción muy dura a los delincuentes que trafican con las armas. Ustedes norteamericanos ¿qué están haciendo al respecto?», apuntó.
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