Notipress.- La Procuraduría General de la Nación puso en conocimiento de la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario, casos en los que jueces y representantes legales de Empresas Sociales del Estado (ESE) han ordenado embargos contra recursos públicos destinados a la seguridad social en salud, los cuales son inembargables, salvo excepciones dictadas por la Corte Constitucional. Estas acciones han generado preocupación, ya que violan disposiciones legales vigentes.
Entre los hospitales afectados por estas decisiones se encuentran el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital San Juan Bautista y el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, entre otros. La situación también involucra a entidades bancarias, que han sido presionadas para ejecutar los embargos, pese a la normativa que prohíbe estas medidas. Incluso, algunos jueces y abogados han amenazado con denuncias penales a bancos que se han negado a realizar dichos trámites.
En marzo de 2023, la Procuraduría emitió la Circular 002, recordando a jueces y entidades los límites constitucionales para el embargo de recursos de la salud. Sin embargo, algunos funcionarios han continuado con estas prácticas, presuntamente con asesoría de abogados que podrían estar obteniendo comisiones del 30% de los fondos embargados. El organismo alertó a la Superintendencia Financiera para que tome medidas frente a las presiones sobre los bancos y evitar así la apropiación ilegal de recursos.