Washington D.C. – En el marco de las jornadas de protestas que se desarrollan en el Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instan al Estado a respetar los estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza y a garantizar la libertad de expresión, en línea con las recomendaciones emitidas en el reciente informe al país.
Del 19 al 30 de julio, Perú ha sido escenario de una serie de protestas que buscan retomar las demandas de las manifestaciones llevadas a cabo tras la crisis política y social del 7 de diciembre de 2022. Durante dichas jornadas de manifestaciones, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el uso indiscriminado de perdigones y gases, y supuestas detenciones arbitrarias por parte de integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestidos de civil.
Hasta el 30 de julio, la Defensoría del Pueblo registró 18 personas heridas, entre ellas civiles e integrantes de la PNP; el Ministerio Público reportó 10 personas detenidas. La Asociación Nacional de Periodistas ha reportado agresiones en contra de 7 personas periodistas, una de las cuales fue lesionada mientras realizaba una transmisión en vivo, y otra denunció que fue expulsada de la zona de cobertura por agentes de las fuerzas de seguridad, presuntamente, por no ser periodista colegiado.
El Estado ha informado sobre acciones institucionales implementadas para garantizar el derecho a la protesta, con la estricta aplicación de las directrices establecidas en la «Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP»; en los «Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público», así como en los tres protocolos aprobados en marzo de 2023 para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas y brindar atención oportuna en el contexto de protestas sociales. Se informó también sobre la Directiva 13-2023 de la PNP «Para el uso adecuado de medios de policía no letales o menos letales en operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento de orden público» aprobada el 19 de julio con el fin de asegurar que todas las intervenciones policiales garanticen los derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad. Por otro lado, dio a conocer sobre la instalación de puntos de atención en salud durante las jornadas de protesta, así como distintas iniciativas en curso para garantizar el ejercicio del periodismo. El Estado también informó sobre las acciones para la prevención e investigación de delitos, en cumplimiento de lineamientos fijados por el Ministerio Público. Al respecto, resaltó el inicio de investigaciones ante las denuncias de lesiones y otros delitos, incluyendo los cometidos contra periodistas.
No obstante, ante las denuncias presentadas, la CIDH recuerda al Estado el deber de abstenerse, en general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, conforme a los estándares interamericanos. En ese sentido, urge a esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia, y asegurar las vías y canales de información que permita identificar la cadena de mando y ejecución de órdenes en las instituciones de seguridad.
La Comisión también insta al Estado a formular políticas públicas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, de forma que se les garantice la seguridad y protección en contra de detenciones arbitrarias, amenazas y limitaciones en cualquier forma al ejercicio de la profesión, como la condición de colegiación obligatoria, que es incompatible con estándares interamericanos-.
Finalmente, la Comisión Interamericana reitera a todas las autoridades del Perú que la superación de la crisis requiere el diseño y la implementación, desde el más alto nivel, de una estrategia de diálogo genuino, con un enfoque étnico y territorial, que permita escuchar a todos los sectores de la sociedad. En ese marco, valora positivamente la voluntad expresada por el Estado de cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe «Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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