Washington, D.C. – En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que la participación plena de las mujeres en las políticas de seguridad y de gestión de crisis, es fundamental para frenar la violencia que enfrentan en la cotidianidad, y que se potencia en contextos de crisis. En ese tenor, insta a los Estados a promover la participación y liderazgo de las mujeres en la construcción, ejecución y evaluación de políticas de prevención y reducción del delito, así como las estrategias para abordar y superar situaciones de crisis.
La participación de las mujeres en asuntos públicos no sólo es un derecho protegido por la Convención de Belém Do Pará, sino que es crucial para el éxito de cualquier iniciativa estatal, como las estrategias de seguridad y para abordar situaciones de crisis. La participación de ellas es necesaria para que las prioridades y necesidades de protección específicas se vean reflejadas en estas políticas, lo que a su vez favorece la consecución de los objetivos de prevención y reducción del delito, la violencia, y el conflicto.
En el informe Impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión ha indicado que ningún objetivo de seguridad puede alcanzarse si no se toman en cuenta las causas y consecuencias diferenciadas de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, partiendo del entendimiento de que ésta constituye un problema estructural que se sustenta en patrones discriminatorios de género, enraizados en una cultura patriarcal y machista. Así, la violencia está siempre presente en la vida de las mujeres, y se agrava en contextos de crisis, como conflictos armados, inseguridad, crisis sanitarias, entre otras.
Por tanto, la participación de las mujeres en la construcción de las estrategias de seguridad ciudadana, y aquellas relacionadas con la gestión y resolución de crisis, es crucial para abordar adecuadamente las causas y consecuencias diferenciadas de la violencia de género contra las mujeres, tanto en contextos ordinarios como de crisis. Sin embargo, en la región, las políticas de seguridad, especialmente de lucha contra el crimen organizado, no han integrado debidamente los factores de riesgo y necesidades de protección que conciernen específicamente a las mujeres. Asimismo, a pesar de tener una participación activa en la gestión y resolución de crisis – como conflictos armados y crisis sanitarias – su participación en los espacios formales de toma de decisión sigue siendo limitada.
Por lo anterior, la Comisión urge a los Estados de la región a crear e institucionalizar espacios que garanticen la participación de las mujeres en la construcción de políticas de seguridad ciudadana y para abordar situaciones de crisis, en todos los niveles de toma de decisión, y en todas las etapas. Promover la participación y liderazgo de las mujeres en la construcción, ejecución y evaluación de estas políticas no sólo es parte de la obligación de garantizar la igualdad formal y real de las mujeres en la vida pública, sino que tiene un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia
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