Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Costa Rica los días 20 y 21 de mayo de 2019 con los objetivos de supervisar la implementación de la medida cautelar otorgada en favor del Pueblo Indígena Bribri y Teribe, así como de recibir información sobre la situación de la diáspora nicaragüense que se desplazó a Costa Rica en el contexto de crisis de derechos humanos a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). La delegación estuvo liderada por el Comisionado Joel Hernández, Primer Vicepresidente de la CIDH y relator para Costa Rica, quien fue acompañado por personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión agradece la invitación del Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, para realizar la visita de trabajo, así como las facilidades y coordinaciones realizadas para facilitar la visita. Además de ser recibidos por el Presidente Carlos Alvarado, la delegación se reunió con Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de Costa Rica, así como con altas autoridades de los Ministerios de Seguridad Pública, Paz, Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores y Culto, Gobernación y Policía, Educación Pública, Desarrollo Humano e Inclusión Social; el Viceministerio de la Presidencia encargado de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el Instituto de Desarrollo Rural y la coordinación de la sub comisión de acceso a la justicia de pueblos indígenas del Poder Judicial.
En sus actividades correspondientes a la supervisión de la medida cautelar a favor del pueblo indígena Bribri y Teribe (Broran), la delegación de la CIDH sostuvo el 20 de mayo reuniones con autoridades encargadas de su implementación. El 21 de mayo, la delegación se desplazó a los territorios Bribri en Salitre y Teribe (Broran) en Térraba donde sostuvo respectivas reuniones con beneficiarios y beneficiarias.
De acuerdo con las cifras oficiales aportadas, en el territorio de Salitre, el 40% de la tierra reconocida se encontraría en posesión de la población indígena, mientras que en el territorio de Térraba sería solo el 12%. Indígenas Bribris y teribes coincidieron en que la falta de seguridad en la posesión de las tierras que ancestralmente les pertenecen así como la falta de una respuesta con efectos concretos a la fecha, ha generado una conflictividad asociada a la tenencia de las tierras que continúa exponiendo a las y los beneficiarios a una situación de riesgo, especialmente ante amenazas u hostigamientos por parte de personas no indígenas que continuarían en la zona.
Según la información recibida por los representantes de la medida cautelar, la falta de ejecución prolongada de al menos 8 desalojos -varios de los cuales que se encuentran siendo controvertidos en sede judicial- ha generado la necesidad de recuperar la confianza en medidas y planes nuevos informados por el Estado con miras a solucionar la problemática. En este escenario, indígenas Bribris y Teribe informaron sobre las acciones adoptadas para la recuperación pacífica y las tensiones que se han verificado en el contexto de reivindicación de sus tierras.
La delegación de la CIDH recibió información sobre grupos de terratenientes que amenazarían, en algunos casos armados, a integrantes de las comunidades indígenas, habiéndose producido agresiones. Líderes de las comunidades, en particular de los Broran, serían asimismo objeto de una campaña de deslegitimación y amenaza a través de redes sociales por parte de personas no indígenas que estarían dentro de sus territorios ancestrales. Pese a utilizar una línea de emergencia, se denunció que existirían importantes demoras para la llegada oportuna de las autoridades, sin que se sancionara a los responsables.
En varios casos las denuncias interpuestas no producirían resultados efectivos o no serían recibidas, lo cual a la larga habría desincentivado a las y los indígenas a presentarlas, dadas las dificultades para ir a interponerlas. La Comisión recibió un testimonio de un indígena Bribri que, a pesar de contar con documentación que sustentaría su derecho sobre la tierra, habría sido desalojado nuevamente por parte de personas no indígenas. Tal situación de inseguridad dentro de su territorio, se habría visto agudizada ante decisiones judiciales por parte de un juzgado agrario que en desconocimiento del derecho de tales pueblos, dictaría medidas cautelares solicitando desalojos en relación con fincas dentro de tierras que ancestralmente corresponden a los pueblos Bribri y Teribe. De hecho, mientras la delegación de la CIDH se encontraba reunida en la Finca recuperada Crun Shurin, junto con personal de la Defensoría de los Derechos de los Habitantes de Costa Rica, pudo presenciar que se notificó una orden de un juzgado de Buenos Aires requiriendo el desalojo inmediato para las familias Broran que se encontraban allí. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el saneamiento de la tierra a fin de otorgar certeza jurídica a los pueblos indígenas.
La Comisión tomó nota del compromiso renovado de las autoridades del Estado costarricense para adoptar medidas con miras a solucionar esta problemática de larga data y complejidad, y buscar asimismo mejorar el diálogo para buscar retomar la confianza de las comunidades.
La delegación de la CIDH recibió información sobre los esfuerzos desplegados por la actual administración para implementar el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) en la zona a través de visitas a los territorios y levantamientos topográficos. Según lo informado por el Estado, dicho Plan posibilitará a través de un estudio técnico e información precisa sobre la situación de los territorios indígenas y de sus habitantes, ofrecer una mayor seguridad jurídica al momento de atender eventuales desalojos y realizar las indemnizaciones que correspondieren. La CIDH exhorta a las autoridades del Estado y a las y los beneficiarios de la medida cautelar a seguir avanzando en la implementación del Plan RTI.
Por otra parte, tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, el Estado informó sobre las medidas adoptadas para reactivar y reforzar la implementación del protocolo acordado con los beneficiarios Bribri desde el año de 2017, y poner en definitiva en funcionamiento, entre otros aspectos, una comisión de seguridad con participación de las y los beneficiarios que ofrezca una protección más oportuna y permanente para los indígenas, garantizando un contacto de emergencia y patrullajes continuos. El Estado asimismo, informó sobre las gestiones realizadas para adoptar un protocolo de protección para los indígenas Teribe (Broran).
La CIDH recibió información sobre la creación de un grupo especial para investigar el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas. Según la información aportada a la fecha, no existirían personas detenidas por dicho hecho. Se informó también sobre la labor de la Fiscalía para Asuntos Indígenas, así como sobre las medidas tendientes para evitar la criminalización en el contexto de la recuperación de sus tierras, incluyendo la no aplicabilidad del delito de usurpación. Se resaltó la importancia de capacitar a jueces agrarios sobre su obligación realizar un control de convencionalidad respecto de sus actuaciones que respeten los derechos de los pueblos indígenas. La Fiscalía informó que se había designado a un fiscal especial en Buenos Aires que estaría a cargo atender la situación de eventos de riesgo informados en la zona, incluyendo de los enfrentados por parte de las personas beneficiarias de la medida cautelar. La CIDH hace un llamado a las autoridades costarricenses competentes a avanzar de manera expedita en la investigación y enjuiciamiento de los presuntos responsables del asesinato del señor Sergio Rojas para que este lamentable hecho no quede impune.
Tanto en las reuniones con el Estado como con los representantes y personas beneficiarias, la Comisión reconoció la apertura de diálogo entre las partes y de reconocimiento mutuo a la necesidad urgente de adoptar medidas concretas a corto, mediano y largo plazo para superar la problemática carácter estructural que hace que persista la situación de grave riesgo en contra de miembros del Pueblo Bribri y Teribe que motivó a la Comisión a otorgar medidas cautelares desde el año 2015.
La Comisión reconoce la voluntad del Estado de Costa Rica para cumplir con las medidas cautelares y lo insta a redoblar sus esfuerzos para dar efectividad a los planes y medidas informados para garantizar los derechos de los pueblos Bribri y Teribe e investigar los eventos de riesgo en su contra, con el fin de evitar que queden en una situación de impunidad. La Comisión resalta la necesidad de generar una respuesta integral con participación de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el marco de sus respectivas competencias. La Comisión hace notar a su vez la importancia de mantener canales de diálogo continuo con las y los beneficiarios de la medida cautelar que privilegie el principio de concertación a efectos de procurar generar confianza e identificar las medidas idóneas y más efectivas para enfrentar la problemática.
La Comisión ha recibido una serie de propuestas por parte de los integrantes de ambos pueblos a efectos de procurar su mejor protección, así como de compromisos asumidos por el Estado respecto de los cuales dará seguimiento puntual en el marco de las medidas cautelares vigentes.
En lo correspondiente a las actividades relacionadas con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua – MESENI, la delegación de la CIDH sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado con el seguimiento a la visita del Relator de los Derechos de los Migrantes realizada en el año 2018 a Costa Rica. Asimismo, sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que están en Costa Rica y con personas nicaragüenses que se vieron obligadas a huir a este país. El MESENI también ofreció capacitaciones sobre estándares interamericanos y mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos a personas nicaragüenses y tomó testimonios de más de 50 personas desplazadas provenientes de Nicaragua.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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