Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo al Caso 13.017 A, Familiares de víctimas de la dictadura militar de octubre de 1968 a diciembre de 1989 en Panamá y publicar el correspondiente Informe de Homologación. Al mismo tiempo, comunica su decisión de incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA y continuar con la supervisión de su implementación hasta su total cumplimiento, según el análisis contenido en el Informe de Homologación. La CIDH congratula al Estado panameño y a los peticionarios por sus esfuerzos para alcanzar este resultado.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Panamá por las graves violaciones de los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de 109 personas, quienes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
En diciembre de 2018, las partes informaron a la Comisión sobre el inicio del proceso bilateral de solución amistosa, el cual fue facilitado por la Comisionada Flávia Piovesan en su calidad de Relatora del país, en el marco de una reunión de trabajo celebrada durante el 171 Período de Sesiones de la Comisión, y posteriormente, materializado mediante la firma de un acuerdo de solución amistosa, entre el Estado de Panamá y la organización Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG), el 21 de junio de 2019 a favor de 13 víctimas y sus 84 familiares.
Este es el segundo acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado panameño en relación a casos referidos a hechos ocurridos durante la dictadura militar. La Comisión recuerda que el pasado 23 de mayo de 2019, el Estado panameño suscribió un ASA con la organización Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), a favor de 15 víctimas y sus 66 familiares. Dicho acuerdo fue aprobado por la CIDH el 13 de julio de 2019.
El acuerdo suscrito entre COFADEPA-HG y el Estado panameño responde a las pretensiones principales de la parte peticionaria en lo referente a reparación integral de las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos sufridas durante la dictadura militar, y en particular contempla el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado sobre los hechos ocurridos y reconoce los avances en la identificación y entrega de restos óseos de seis víctimas a sus familiares, incluyendo los restos mortales de Bettzy Mendizabal, Hipólito Quintero Delgado, Reynaldo Sánchez, Ever Quintanar Guzmán, Gerardo Olivares y Gerónimo Díaz. Adicionalmente, el acuerdo suscrito contempla las siguientes medidas de reparación:
• En lo referente al daño material e inmaterial, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ejecutará diligente y oportunamente el trámite correspondiente al pago de las obligaciones económicas derivadas de los daños o perjuicios sufridos por los familiares de las 13 víctimas de la dictadura militar objeto de este acuerdo, teniendo como base los peritajes técnicos realizados por expertos según el requerimiento del Ministerio, para definir los montos correspondientes a las reparaciones por daño material (las cuales abarcan los rubros de daño emergente y lucro cesante) y las correspondientes al daño inmaterial.
• El Estado se comprometió a ejecutar una medida de recuperación de la memoria histórica del período 1968 a 1989, a través de la reedición, impresión y lanzamiento del folleto “Comisión de la Verdad, Síntesis del Informe Final” y la incorporación en la malla curricular de los grados y cursos de bachillerato lo acontecido durante la dictadura militar en Panamá y el contexto de Latinoamérica y del mundo.
• El Estado se comprometió, a impulsar la sanción del anteproyecto de ley para declarar el día 9 de junio como fecha de conmemoración anual del “Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Dictadura Militar”.
• El Estado se comprometió a realizar las gestiones pertinentes a fin de convocar el acto público de estudio, diseño y construcción del “Monumento a los Asesinados y Desaparecidos” en memoria de todas las víctimas de asesinato y desaparición forzada.
• El Estado se comprometió a realizar un pronunciamiento público de perdón y reconocimiento de responsabilidad internacional para aceptar y responsabilizarse como Estado sobre los hechos ocurridos.
• El Estado se comprometió a publicar el pronunciamiento público en un periódico de circulación nacional y en la Gaceta Oficial; así como, a entregar una copia de este a cada uno de los peticionarios del Acuerdo de Solución Amistosa, miembros de COFADEPA-HG.
• El Estado se comprometió a gestionar la reglamentación de la creación de la categoría de “Desaparecido”, para las víctimas de la dictadura militar, registradas en el Informe de Admisibilidad No. 68/15 de 27 de octubre de 2015, Informe No. 34/06 de 14 de marzo de 2006, y la sentencia de 12 de agosto de 2008 proferida por la CIDH, a fin de que su defunción pueda ser inscripta y la causa de muerte sea por desaparición forzada.
• El Estado se comprometió a impulsar eficazmente los procesos penales que se encuentren en trámite, para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos, hasta su conclusión legal, así como a coordinar con las Fiscalías de los diferentes Distritos Judiciales, para atender con mayor responsabilidad y celeridad, toda diligencia que se derive de los casos de la dictadura militar.
• Por último, el Estado se comprometió a continuar con el trabajo de análisis de identificación de los restos óseos que se encuentran en custodia de dicha institución, para su identificación y posterior entrega a los familiares. Para tal fin, el Estado le proporcionará al Instituto de Medicina Legal del presupuesto para la compra de insumos y contratación de personal experto para su debido funcionamiento.
La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención. Asimismo, la Comisión saluda los esfuerzos del Estado panameño para construir una política pública en materia de soluciones amistosas y resolución alternativa de conflictos.
Finalmente, la Comisión felicita a las partes por su disposición y voluntad de avanzar en la solución de este asunto por fuera de la vía contenciosa, y continuará dando seguimiento a la implementación de las medidas restantes hasta su cumplimiento total.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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