Partamos de dos variables, entre las muchas que podrían haber, para analizar la trascendencia de la publicación del expediente del caso Iguala. Por un lado, tenemos la caída en la credibilidad sociales de las instituciones públicas y del Estado. En el otro, el bien y mal manejo de las redes sociales donde ex posible crear medias mentiras o medias verdades según los intereses de grupo, de presión mediática y políticas.
En caso de Iguala, por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se ha hablado mucho. Una situación que ha envenenado la opinión pública dependiendo de la perspectiva unilateral del emisor. En la otra posición difícilmente se comparten punto de vista, no existe coincidencia. La confrontación de las teorías domina y resulta con ello llegar a la verdad de las cosas.
Ahora la PGR, bajo la conducción de la Lic. Arely Gómez González, ha decidido dar a conocer la versión pública del expediente del caso Iguala. Documentación que pretende convencer a la opinión pública de la versión oficial del gobierno: que los estudiantes fueron entregados a un grupo delincuencial que los ultimaron para después incinerarlos en un depósito de basura.
Una tesis que ha sido refutada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que más que una instancia externa al conflicto para resguardar un interés público en la investigación, su “modos operandi” fue más política y en un papel de representación legal particular de los padres de familia.
Como en cualquier otro proceso donde existen dos teorías del caso, las autoridades mexicanas están organizando un tercer peritaje. Se espera que este nuevo análisis de la información y ponderación de las dos hipótesis se pueda aclarar las confusiones y, en consecuencia, se logré llegar al punto más cercano de la verdad histórica de los lamentables hechos del 26 de septiembre de 1914.
En espera de los nuevos estudios se ordena y se publican los resultados. En la portada de la información en el sitio web se lee: “versión pública del expediente del Caso Iguala consiste en alrededor de 54,000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Su elaboración tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado (sic) de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables”.
¿Bastará la publicación de todos esos documentos para elevar la confianza de la ciudadanía en los resultados de investigación de las autoridades mexicanas?
Nos permitimos dudar en la respuesta afirmativa a la anterior pregunta. La polarización política que existe en este tema, que ya trascendió de un hecho local para ser parte de una agenda de influencia política nacional, está tan arraigada que, aunque el gobierno “se ponga de cabeza”, no cambiará la percepción de quien cree lo contrario de lo que la documentación afirma.
Para el que se interese la dirección web de consulta es: http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/Expediente-Caso-Iguala.aspx